Diógenes de Urquiza Anchorena, director de la nueva Agencia Nacional del Deporte (AND), nacida de la degradación por decreto presidencial de la antigua Secretaría de Deporte, negó que se en el nuevo organismo se estudie la venta o privatización de bienes o predios relacionados con el deporte
“Hoy el deporte es muy dinámico y una Secretaría no se puede adaptar a esos cambios tan rápidos y hace que la brecha deportiva con otros países sea más grande. Había una necesidad de tener todas las condiciones para competir de igual a igual con los muchachos deportistas que están afuera”, detalló el funcionario que hace algunos meses reemplazó al ex futbolista Carlos Mac Allister.
Aunque que el decreto de creación de la AND autorizaría al organismo a vender patrimonio edilicio o predios hoy a su nombre, de Urquiza Anchorena negó que esa sea la perspectiva: “No se va a vender ningún inmueble relacionado al deporte. Bajo ningún concepto pensamos en vender algo. Creo que hay una confusión con el tema muebles e inmuebles”.
El director de la ADN aseguró que el único organismo que puede realizar ese tipo de operaciones es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), respecto de lo que añadió: “Si la AABE quiere vender algo me tiene que pasar por arriba porque jamás se lo voy a dar; hoy los inmuebles que tenemos son muy importantes para la Secretaría, no tiene sentido venderlos”.
El funcionario, que defendió la polémica “necesidad y urgencia” del decreto presidencial, aprobado este miércoles pese a que en su momento se había prometido que el debate iba a pasar por el Parlamento, consideró: “La ventaja de la agencia es que jerarquiza el deporte en todo el país; es la primera vez que tendremos un presupuesto propio. Siempre dependió de un ministerio, eso es burocracia”.
Y concluyó: “Además de la necesidad de que los deportistas tengan todas las condiciones para poder competir, otros de los grandes problemas es que tras la finalización del gobierno de Cristina Kirchner sacaron varias leyes sobre el deporte que no reglamentaron. Son tres o cuatro leyes, que están vigentes, y que hacen que las acciones del Secretario no estén claras”.
