El 30 de diciembre del 2020 el senado argentino aprobó la Ley Nº 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la misma garantiza el acceso al aborto no punible dentro del sistema de salud pública. Sin embargo, muchas son las dificultades a las que se enfrentan quienes intentan concretar ese derecho, este es el caso de la doctora detenida en Salta.
Este viernes se dio a conocer la noticia de la detención de una médica, que había garantizado la interrupción de un embarazo. A fines de agosto una mujer de 21 años viajó 50 kilómetros desde Salvador Mazza, al norte de Salta, para abortar. Llegó al Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, y la atendió la única doctora que en varios kilómetros a la redonda garantiza el cumplimiento de la ley.
La mujer estaba embarazada de 22 semanas y la interrupción se hizo porque estaba en peligro su salud, una de las causales que permite el Código Penal desde 1921 y que sigue vigente después de la sanción de la ley 27.610 que habilitó el aborto voluntario. Una semana después, este viernes 3 de septiembre a la mañana, la médica fue detenida. Lo ordenó el juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta por el pedido que hizo el fiscal Gonzalo Ariel Vega de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, por su parte, repudiaron la detención de la doctora y llamaron a movilizarse para reclamar por su liberación. Además de manifestaciones en diferentes ciudades, realizaron un pañuelazo en el Hospital Público Materno Infantil de dicha provincia, para exigir la liberación de la compañera y “para demandar al Estado que cese en avalar la persecución de quienes cumplen la ley y que se aboque a garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos a la salud y a la autonomía”.
Mediante un comunicado explicaron que “la profesional de la salud actuó amparada por la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Post Aborto. Su criminalización busca amedrentar a quienes respetan los derechos fundamentales de las personas gestantes”.
“Lanzamos una alerta feminista en todo el país hasta lograr la liberación de esta médica. Seguimos en pie de lucha para que la ley que conquistamos sea una realidad efectiva en cada lugar de Argentina”, concluye el texto. Tras horas de manifestaciones y repudio la medica recuperó la libertad.
https://twitter.com/CampAbortoLegal/status/1433863260428816387
Desafíos de la implementación de la ley
El caso de la médica de Tartagal pone en debate cómo se aplica la ley de IVE en todo el país. En agosto, el gobierno nacional informó que hay problemas recurrentes: demoran hasta 4 semanas en dar turnos cuando no pueden pasar más de 10 días y una de cada cuatro personas gestantes tiene que llamar varias veces para obtener respuestas.
En muchas provincias, como en el caso de Salta, los abortos legales se garantizan a través de organizaciones feministas y de trabajadores comprometidos, como la Red de Profesionales de la Salud; pero no alcanzan a cubrir las necesidades de todas las personas gestantes.
A pesar de ser una ley nacional, la interrupción legal del embarazo continua siendo inaccesible en muchos lugares. Durante los debates que buscaban aprobar la ley, referentes feministas ya adelantaban que más allá del resultado, la verdadera dificultad sería lograr su implementación y correcto cumplimiento. Es por ello que la ley tiene puntos específicos acerca de los plazos y la objeción de conciencia.
Las denuncias más frecuentes son la objeción de conciencia, la demora en los turnos, la burocracia del trámite que busca extenderse de los plazos de interrupción y la persecución que sufren tanto las personas gestantes como los médicos por parte de grupos opositores. Además, desde distintas organizaciones feministas, se denuncia que la falta de educación sexual integral hace que parte de la sociedad no conozca cuáles son sus derechos a lo hora de decidir interrumpir un embarazo.
