Javier Iguacel, el ex secretario de Energía, fue beneficiado por la Justicia por la falta de mérito en la causa en la que una fiscal lo había imputado por beneficiar a las empresas de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento, en perjuicio de los usuarios. No obstante, se ordenó continuar con medidas de prueba.
El fallo, de la jueza María Servinino, determina la «falta de mérito para procesar o sobreseer» a Iguacel «sin perjuicio de a continuidad investigativa», según la resolución a la que tuvo acceso Télam, y que podría ser apelada por la fiscal del caso, Paloma Ochoa.
«Sin perjuicio de la prueba producida hasta el momento, a efectos lograr una visión integral de lo sucedido», la jueza dispuso «proceder a la pertinente evacuación de citas, y que la representante del Ministerio Fiscal, en el marco de la delegación realizada autos, pueda completar las diligencias probatorias auspiciada por la defensa y todo otra que estime pertinente».
En su descargo, el ex secretario de Energía durante el gobierno de Macri, aseguró que el único responsable de fijar el cuadro tarifario era el Energas, al rechazar la imputación de haber cometido un delito por dictar una resolución, por la que, según él, “no dispuso el traslado de mayores costos de tarifas a los usuarios”.
Iguacel negó cargos y pidió ser sobreseído en causa por beneficiar a empresas distribuidoras de gas
A principios de este mes, al imputarlo, la fiscal Ochoa sostuvo que a partir del dictado de la resolución que habilitó a cobrar un incremento extra desde enero de 2019 para compensar los efectos de la devaluación del peso en las tarifas, Iguacel “evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”.
Además, señaló que la maniobra fue en perjuicio de los “usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado Federal argentino que como garante de la prestación del servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado”.
