Mañana Diputados de la Provincia de Buenos Aires tratará una iniciativa enviada por el Ejecutivo a finales del 2021, en la que se incluye facilidades financieras y tarifarias, además de suspender ejecución de sentencias de desalojo y el remate de bienes.
En el marco de la primera sesión ordinaria en la Cámara de Diputados bonaerense incluirá el tratamiento de la Ley de Emergencia Económica, Financiera y Tarifaria para las empresas recuperadas.
Asimismo, el proyecto suspende la ejecución de sentencias de desalojo y el remate de bienes por dos años, además de prohibir los cortes de servicios públicos por el mismo término.
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El Gobierno de Axel Kicillof sostiene que “la crisis económica del país en los últimos años ha afectado con gravedad a los sectores productivos en general y a las empresas recuperadas en particular. En ese sentido, añade que la medida “pretende visibilizar la grave situación que se atraviesa, para proveer a la asistencia y trato diferencial que se requiere, en función del rol productivo, social y económico de las empresas recuperadas organizadas bajo la naturaleza jurídica de cooperativas de trabajo.
La iniciativa también propone declarar de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores y trabajadoras, como posible sujeto continuador de la explotación de las empresas en crisis o proceso de quiebra; suspende la ejecución de sentencias de desalojo durante la vigencia de la emergencia declarada, paralizando todas las acciones judiciales, trámites y/o diligencias que tengan por finalidad ordenar y/o ejecutar el desalojo de empresas recuperadas.
Del mismo modo, el proyecto suspende “los cortes en el suministro de los servicios públicos provinciales de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales”, remarcando que los prestadores “deberán otorgar planes con facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plaza de vigencia de las medidas aquí dispuestas conforme las pautas que establezcan el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua, en su carácter de Órganos de control de la prestación de los servicios mencionados”.