Nicolás Ducoté, ex intendente de Pilar de Cambiemos, continúa siendo noticia por presuntas irregularidades durante su paso por la localidad bonaerense. En este caso, su nombre cobra notoriedad por la obra de urbanización que no finalizó en el barrio Monterrey, en la zona de Derqui.
Originalmente, esta construcción, del año 2016, tenía un costo de $145.733 millones aunque habría costado 120 millones, que fueron aportados por el Ministerio del Interior. La obra, que incluía la instalación para los vecinos de Monterrey los servicios básicos, una nueva plaza y asfalto, nunca se concluyó y hoy está en la mira de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
La sospecha es concreta: de acuerdo al expediente, se fraguaron las certificaciones y hubo fallas en los controles por parte de la cartera que en ese entonces comandaba Rogelio Frigerio.
Existían plazos que nunca se cumplieron y Ducoté realizó una licitación con demasiada celeridad. Luego de 5 días, y dos meses antes de la firma del contrato, la UTE conformada por Vialme SA, Servicios y Gestión SA y Alpin SA comenzó con los trabajos el 21 de marzo de 2017. Hay más: la UTE adjudicada nunca presentó la constancia de inscripción de Proveedores de la firma Alpin y no hubo una comunicación a todas las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del Municipio.
Para la Procuraduría, «se han vulnerado los principios de publicidad rectores en las licitaciones, en cuanto hace al conocimiento, la concurrencia, y participación de oferentes, posibilitando la competencia y con ello, la existencia de mejores ofertas para la contratación con el Estado”.
“Lo descripto hasta el momento corrobora la mendacidad de las certificaciones de obras efectuadas a los fines de seguir obteniendo fondos provenientes del Estado Nacional, puesto que, para obtener un nuevo desembolso debía rendirse el dinero recibido con anterioridad”, expuso el documento de la Fiscalía.
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Y hace foco en la falta de control por parte del Gobierno nacional: “Dicha falta de control no sólo se centra en la rendición de fondos. Tampoco se hicieron valer las obligaciones de cumplir con los plazos, por cuanto el convenio específico establecía el plazo de 12 meses”.
La Justicia provincial ahora deberá indagar en las responsabilidades que tuvo la gestión Ducoté, cuestionada por los propios vecinos de la localidad, quienes en diciembre de 2019 expresaron en las urnas su negativa a que continúe un mandato más.
