En medio de un debate que polariza a la sociedad detrás de argumentos que van desde la salud pública y la ampliación de derechos, señalada por los feminismos, organizaciones de derechos humanos y espacios políticos partidarios; hasta las concepciones religiosas, morales, y el debate científico de cuando se inicia la vida, que sostienen los sectores proclives a perpetuar el aborto al ámbito de la ilegalidad, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó el informe “La economía del aborto”, realizado por su Observatorio de Géneros, en el que se detallan los costos ocultos del aborto clandestino, con datos que permiten echar por tierra gran parte de los argumentos, sobre todo los que hacen énfasis en la cuestión económica, en torno a los costos de la legalización del aborto.
Según el relevamiento realizado por CEPA, el aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto seguro, legal y gratuito, teniendo en cuenta que los abortos tienen un costo fiscal «oculto» de 2.586 millones de pesos. El costo para el sistema de salud se desprende de la cantidad y valor de las internaciones y tratamientos hospitalarios generados como consecuencia de los abortos clandestinos.
Del total de los egresos hospitalarios por abortos incompletos que se producen en promedio en un año, el 67% requiere una intervención leve, el 31% presenta complicaciones de gravedad media y el 2% corresponde a abortos incompletos con cuadros de alta gravedad.
Con estos números, el costo promedio por aborto clandestino resulta de 56.700 pesos. La comparación con una caja de misoprostol, el método más accesible y uno de los más seguros, es lo que permite determinar el excesivo costo que tienen los abortos clandestinos para el Estado, aún sin contemplar que muchas veces, y pese a los esfuerzos médicos, tampoco se logra salvar la vida de la mujer que se practicó una interrupción del embarazo en condiciones de ilegalidad.
«Si el Estado tuviera una política pública de aborto legal, seguro y gratuito, se hubiera ahorrado el 88% del costo fiscal por atender complicaciones derivadas de abortos clandestinos», indican desde CEPA en uno de sus datos, explicando que «si se hubiera entregado misoprostol a 45.600 casos, el Estado hubiera gastado solo $314 millones en lugar de $2.586 milllones por atender complicaciones derivadas de abortos clandestinos».
https://informepolitico.com.ar/los-puntos-mas-importantes-de-los-proyectos-de-legalizacion-del-aborto-y-el-plan-de-los-1000-dias/
Para la estimación del acceso al aborto seguro, se plantea “un escenario donde el total los abortos clandestinos (447.000) se realizarán a través de un método medicamentoso” como el misoprostol. Y se considera que el 10% de esos abortos no serán exitosos y requerirán una intervención de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) para completarlo.
Pero además, con el tratamiento seguro, se podría cubrir casi la totalidad de los abortos que se realizan anualmente en el pías. «Si relacionamos el costo en el que incurre el sistema de salud por los abortos incompletos, con los costos de una caja de misoprostol, con lo que le cuesta al Estado, el aborto clandestino de 45.600 personas gestantes, se cubren 425.177 abortos seguros. Eso equivale al 95% de los abortos clandestinos estimados en Argentina en un año”, remarca el Observatorio de Género.
Cabe destacar, por otra parte, que el informe solo detalla los costos en el sistema de salud pública, sin tomar en consideración los gastos en el sistema privado, ni tampoco las consecuencias que una práctica no solo ilegal sino también estigmatizada deja en las mujeres y personas con capacidad de gestar.
En Argentina, el aborto representa la tercera causa de muerte materna. En 2018, el 13,6% de las muertes maternas fueron a causa de abortos incompletos. “Es una de las prácticas obstétricas más seguras si se cumplen los requisitos de atención médica pero cuando las condiciones no ocurren de esta manera, representa un procedimiento riesgoso”, recuerdan las economistas y médicas en el informe de CEPA.
El informe cierra, por otra parte, con los datos registrados en Uruguay, donde el aborto fue legalizado en 2012. Allí, la legalidad redujo las muertes de personas gestantes por aborto en 30 puntos porcentuales, de 37% a 8,1%.
