Este jueves el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para incrementar la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas hasta un 35% (lo que se pagaba hasta la reforma tributaria de 2017), mientras que se mantiene en 30% para las medianas y lo reduce a 25% para las pequeñas empresas. La iniciativa surgió como iniciativa de la cartera de Economía para compensar el impacto recaudatorio que causará la elevación del mínimo no imponible de la cuarta categoría de Ganancias, pronto a aprobarse en el Congreso.
El nuevo proyecto recuerda en sus considerandos que hasta 2016 “las sociedades pagaban por el Impuesto a las Ganancias una alícuota del 35 % sobre los beneficios, y los accionistas, en su carácter de personas humanas, estaban alcanzados por un 10 % adicional sobre los dividendos distribuidos”. Sin embargo, con la llegada de Cambiemos al Gobierno “se modificaron las prioridades y las políticas de Estado”, por lo que durante el primer año de gestión se decidió derogar el tratamiento dispuesto por la Ley N° 26.893 a los dividendos distribuidos y posteriormente, mediante la reforma tributaria de 2017, se estableció una reducción gradual de la alícuota societaria combinada con un impuesto cedular sobre las utilidades distribuidas a personas humanas, sucesiones indivisas y beneficiarios o beneficiarias del exterior. Así, las empresas, independientemente de su nivel de facturación, pasaron a pagar 30% en 2018/19, cifra que se hubiera reducido a 25% a partir de 2020 (finalmente por la pandemia se suspendió esta rebaja), mientras que los dividendos pasaron de 7% durante el primer período a 13% el año pasado.
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El argumento del gobierno de Mauricio Macri era que la decisión iba a “fomentar las inversiones externas y la reinversión de utilidades”, contra lo señalado en diversos estudios que muestran que en nuestro país la inversión “no es particularmente sensible a la tasa del impuesto a las ganancias y está determinada fundamentalmente por la demanda agregada y el crecimiento económico”. Así, la reducción “provocó pérdidas de recursos tributarios afectando el resultado fiscal primario y tuvo nulos efectos sobre la inversión, que se desplomó a partir del año 2018 a raíz de la crisis macroeconómica”, provocando un “debilitamiento de las finanzas públicas ni siquiera se vio reflejado en generación de empleo genuino” (por el contrario, después de la reforma tributaria, la tasa de desocupación había aumentado 1,9%).
Según se detalla en el proyecto, se propone una estructura de alícuotas marginales escalonadas en 3 segmentos “en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada”. El primero, que pagará el 25%, es para ganancias netas acumuladas de 1,3 millones de pesos, el segundo (30%) para ganancias de entre 1,3 y 2,6 millones de pesos y el tercero (35%) para ganancias acumuladas superiores a esta última cifra. Los dividendos distribuidos pagarán 7% en todos los casos a través del impuesto cedular vigente. El texto afirma que con el nuevo esquema el 75 % de las empresas pagarán una alícuota del Impuesto a las Ganancias “más baja que la vigente en el período fiscal 2020”.
También se aclara en el proyecto que si bien este “esquema de alícuotas progresivas” en el Impuesto a las Ganancias de Sociedades es una “novedad” para el sistema tributario argentino, la experiencia internacional confirma que ya se usa en países como Australia, Canadá, Bélgica, Eslovaquia, EEUU, Francia, Japón, Corea y los Países Bajos, mientras que el Reino Unidos anunció recientemente que “aumentará alícuotas de ganancias de sociedades como medida recaudatoria por efecto de la pandemia, pero manteniendo la tasa vigente para las pequeñas empresas”.
