El Gobierno nacional confirmó su intención de implementar el uso de las polémicas pistolas Taser para las fuerzas federales de seguridad. En principio las utilizarían en aeropuertos y estaciones de tren.
Según el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, esta decisión de justifica porque las fuerzas de seguridad de nuestro país carecen de armas intermedias: “Entre el bastón y la pistola faltan armas no letales, para que el personal policial pueda actuar”. En cuanto al marco legal, recordó que “la Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires para el uso de ese arma”.
“Hemos decidido a nivel nacional dotar al personal de estas armas no letales para las situaciones de violencia que se dan, para no tener que usar armas de fuego”, confirmó Burzaco, quien luego explicó que este tipo de armas se utilizan en “cientos de países” y cuentan con la aprobación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
El Gobierno nacional ya habría adquirido unas 300 Taser modelo X26P, con un costo aproximado de 3 mil dólares por unidad. Desde el Ministerio de Seguridad se capacitará a todo el personal de seguridad para su utilización.
Sobre la decisión de implementar su uso primero en los efectivos de las fuerzas federales destinados a brindar seguridad en aeropuertos y estaciones de tren, sostuvo que “en los grandes aglomerados de personas está probado que es muy eficaz para no tener que usar armas de fuego”, ya que estas pueden generar “generar daños colaterales”.
Para terminar, Burzaco aclaró que la implementación a nivel provincial y de la Ciudad de Buenos Aires dependerá de cada jurisdicción: “La seguridad ciudadana la lleva adelante cada provincia. Algunas pueden usarlas, otras no. Cada uno tiene su criterio”.
El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas dictaminó años atrás que las Taser provocan un dolor intenso, por lo que que constituyen una forma de tortura. Además, hay registros de numerosas muertes producto de su utilización (más de mil muertes sólo en Estados Unidos desde el año 2000), por lo que también son cuestionadas por Amnesty Internacional. El propio jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se había pronunciado semanas atrás contra su aplicación en la Ciudad.
