Este miércoles el Gobierno nacional le envió a los colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires una carta instándolos a suspender las clases presenciales hasta el próximo 30 de abril, en sintonía con el fallo de la Justicia federal que dejó sin efecto la decisión de un tribunal porteño que habilitó la continuidad de las cursadas presenciales.
La misiva fue enviada en conjunto por el Ministerio de Educación y el de Justicia de la Nación, dirigiéndose a las cámaras que agrupan a los colegios porteños de gestión privada, para dar cuenta de la vigencia del DNU Nº 241/2021 que firmara hace algunos días el presidente Alberto Fernández, instaurando una serie de nuevas restricciones en el marco de la segunda ola de coronavirus.
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“Se buscó atender la legítima preocupación de las familias y los trabajadores del sector ante lo que señalan como incumplimientos de los establecimientos educativos de gestión privada, impulsado por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires”, plantearon desde ambas carteras nacionales.
Desde el Gobierno explicaron: “La carta solicita que se garantice la continuidad de la educación no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021, quedando suspendidas hasta esa fecha las clases presenciales. La vocación del Poder Ejecutivo Nacional es acompañar la tarea educativa en este difícil momento en el cual el crecimiento de la curva de contagios por COVID-19 se ha acentuado en forma preocupante, garantizando el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y resguardando la salud de la comunidad educativa”.
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Desde el oficialismo afirmaron que el fallo de este martes del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 2 dejó sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril por considerar que “fue dictada por un tribunal incompetente de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El Gobierno nacional también destacó que la decisión porteña de desconocer la decisión del tribunal federal “es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia”. Además señalaron que la actitud del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta “expresa la irresponsabilidad política y jurídica a la que han arrastrado a toda la ciudadanía”.
En la carta dirigida a la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP), la Junta Nacional de Enseñanza Privada (JUNEP), la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP) y el Consejo Superior de la Educación Católica (CONSUDEC) también se insta a las instituciones educativas privadas a no forzar a los trabajadores de la educación a “exponer su salud” en el contexto de aumento de los contagios y solicitaron que no se le computen las inasistencias ni se adopten medidas compulsivas.
