Este miércoles el Gobierno nacional confirmó la recisión definitiva de los seis contratos firmados por el macrismo bajo el régimen de Participación Público Privada (PPP). Ahora pasará a ser una empresa estatal el organismo responsable de llevar adelante las obras que quedaron inconclusas en esos corredores viales.
El Decreto 1036/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial, rescinde los contratos PPP suscriptos en 2018 por el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich con las empresas Cruz del Sur, Green, Andes, Panamericano y AUSUR para seis corredores viales (en las rutas nacionales 3, 226, 5, 7, 9, 183, 11, 34, y las autopistas Riccheri, Newbey y Ezeiza-Cañuelas).
Katopodis anticipó que la obra pública va a ser “una de las prioridades” del Presupuesto 2021
Ya en el mes de febrero de este año el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis había anunciado que cinco corredores viales que estaban concesionados iban a volver a ser gestionados por la Dirección Nacional de Vialidad. La semana pasada el funcionario confirmó que el Estado llegó a un acuerdo con las empresas para dar de baja los acuerdos sin litigios.
El nuevo decreto otorgar la concesión de obra pública por peaje a la estatal Corredores Viales para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios al usuario de las rutas. El contrato será de diez años, con posibilidad de dos prórrogas.
La empresa estatal concesionaria deberá incorporar al personal que hasta la fecha de toma de posesión se encuentre en relación de dependencia con los Contratistas PPP en los Corredores Viales Nacionales «A», «B», «C» y «SUR», manteniendo la antigüedad adquirida y respetando las condiciones laborales vigentes. La disposición no incluye al personal jerárquico.
