Este jueves, en el último día antes del comienzo de la feria judicial de enero, el juez Daniel Obligado revocó la prisión domiciliaria que había concedido en abril al ex vicepresidente Amado Boudou, retrocediendo en el beneficio que él mismo había otorgado después de que la Suprema Corte de Justicia rechazara a principios de diciembre todos los recursos de apelación por el caso Ciccone, con lo que la sentencia a 5 años y 10 meses de prisión quedó firme. La orden no se haría efectiva inmediatamente y la defensa de Boudou podría apelar ante la Cámara de Casación.
Desde abril Boudou cumple prisión domiciliaria, primero en un departamento de Barracas y luego en una casa de Avellaneda a la que se mudó con su familia. Pero después de que la Corte dejara firme la sentencia, el juez Obligado decidió revocar ese beneficio, considerando que “uno de los principios rectores por los cuales se concediera la morigeración en el caso se ha visto superado -el estado de inocencia de la persona- y resta sólo el contralor de la condena impuesta”.
El Gobierno respaldó a Boudou y cuestionó a la Corte Suprema
El magistrado también planteó en su fallo que otro de los factores que pesaron para otorgar la prisión domiciliaria también se ha modificado en los últimos meses, ya que las condiciones relacionadas con la epidemia de coronavirus ya no son las mismas (a pesar de que estamos en pleno rebrote de casos). Obligado aclaró en este caso que “el instituto de la prisión domiciliaria constituye una alternativa de carácter excepcional como forma de cumplimiento de una condena”.
Luego, también remarcó que la familia de Boudou cuenta con recursos económicos suficientes, por lo que la vuelta al cumplimiento efectivo de la detención no implicaría una desprotección para los familiares del ex vicepresidente, que cuentan con el alquiler de un departamento del ex vicepresidente, de otra propiedad en México, con el sueldo de su mujer como asesora en el Senado, la pensión que recibe Boudou como ex vicepresidente y el “apoyo económico de familiares y compañeros de la política”. Además, señaló que todos los miembros de la familia “gozan de buen estado salud” y tienen cobertura médica.
Apelaron la prisión domiciliaria que le concedieron a Boudou
En base a estas consideraciones, concluyó que los hijos de Boudou “no se encuentran en una situación de desamparo, de manera tal que deba ceder el interés social de resguardo de los derechos de los menores por sobre el interés punitivo del Estado en efectivizar la condena impuesta”. En ese aspecto, subrayó que los menores “están contenidos material, moral y afectivamente” y que no se resentiría el vínculo paterno-filial ya que los menores podrían visitar a su padre en la cárcel.
Más allá de la sorpresa por la fecha de la resolución del magistrado, la orden judicial para la nueva detención de Boudou no se haría efectiva de inmediato, dejando margen para que se apele ante la Cámara de Casación. El recurso podría presentarse en los primeros días del nuevo año, pero si la feria judicial no se habilita especialmente para tal fin, recién sería tratado en el mes de febrero.
Tras conocerse la resolución del juez Obligado, Boudou manifestó en declaraciones radiales: “Esta situación requiere una solución política porque el lawfare es una cuestión política. Yo quiero pelear por mi inocencia. Están armando la campaña 2021 en torno a las causas judiciales. Es estructural”. Y concluyó: “La prisión domiciliaria es prisión y el resultado de una farsa judicial que convalida una sentencia mediática de 8 años. Voy a seguir peleando por mi inocencia”.
