Eduardo De Lázzari, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, presentó una denuncia contra la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Infraestructura Roberto Gigante por presunto desvío de fondos destinados a obras para el Poder Judicial.
A pocos días de que la administración Cambiemos deje el poder en provincia, cobró estado público la denuncia de De Lázzari, quien ya había tenido numerosos enfrentamientos con la gobernadora, siendo uno de los más recientes el de julio de este año cuando Vidal salió a cruzar al magistrado luego de que éste denunciara gravísimas intromisiones del poder político en la Justicia.
Crece la tensión entre Vidal y el presidente de la Corte Suprema bonaerense
La denuncia del titular del máximo tribunal bonaerense fue presentada a fines de octubre, a instancias del fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo, pero el blindaje mediático en torno a la gestión de Vidal hizo que prácticamente no tuviera trascendencia. Concretamente, De Lázzari denuncia que cinco obras ejecutadas por Infraestructura, con fondos del Poder Judicial, fueron pagadas luego de unas “sobrecertificaciones” de obra oficiales que las daban como listas o avanzadas cuando en algunos casos ni siquiera habían sido iniciadas.
Uno de los casos más escandalosos que se enumera es el de la presunta instalación de equipos de aire acondicionado para el Edificio Fuero de Familia, en el municipio de La Matanza, que se certificó en su totalidad por $11.738.945, sin haber sido ejecutada. Peritos de la Corte señalaron que “las observaciones referidas a obras complementarias son las más frecuentes y las de mayor valor, y que por sus características serían aquellas que podrían resultar pasibles de acopio”. Por ejemplo, en una obra se abonaron más de 7 millones de pesos por unas juntas de dilatación inexistentes.
La Corte ya pidió explicaciones a la cartera de Gigante, quien luego de una respuesta muy general por escrito derivó el planteo a la Dirección Provincial de Arquitectura, cuyo titular, Carlos Colombini, tampoco dio información fehaciente sobre las irregularidades denunciadas. En su escrito de octubre, Gigante planteó: “Debo dejar aclarado que las razones invocadas por el Sr. Subsecretario (Guillermo Cristóbal), así como las justificaciones dadas respecto de cada una de las obras no son avaladas por mi parte y me encuentro a la espera del informe final de la auditoría encomendada al contador Carlos Colombini para tomar las decisiones correspondientes”. El funcionario también anticipó la elevación del caso al Fiscal de Estado de la Provincia para que “determine la existencia de delitos de acción pública en los hechos de análisis y actuar, en su caso, en consecuencia”, sin que hasta el momento haya habido novedades.
