En el sábado a primera hora, el Senado, en sesión especial, aprobó el proyecto de ley que fija en 24.500 millones de pesos anuales el monto por el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires. Un monto menor de lo que recibía el Ejecutivo porteño.
La oposición rechazó la iniciativa y acusó al oficialismo de tomar una decisión «unilateral». «Es claramente inconstitucional lo que estamos tratando hoy», dijo Martín Lousteau este viernes, tras afirmar: «Acá claramente no hay acuerdo y no hay ninguna discusión seria sobre el monto de la ley».
El senador sostuvo que «el Gobierno elige castigar a una jurisdicción porque no le gusta su gobernador. Estamos debatiendo cómo se castiga a alguien porque piensa distinto», y advirtió que la oposición ya adelantó un recurso de amparo para frenar la normativa.
Carlos Caserio respondió las críticas: adjudicó la «arbitrariedad» al macrismo, y aseveró que el gobierno anterior gestionó el acuerdo de fondos de un «modo totalmente arbitrario e injusto, seguramente por una cuestión de amiguismo». Además, el cordobés indicó que, durante estos años, el gobierno de la ciudad «se quedó con 86.269 millones de pesos que no le correspondían» y pidió que se devuelva «al resto de los argentinos» dicho dinero.
En concreto, la norma aprobada establece a designar un monto de 24.500 millones de pesos -actualizable- para el gasto del servicio de seguridad porteño, en materia no federal. Los recursos, a partir de ahora, serían financiados directamente por la ley de presupuesto y no por la coparticipación federal, que, en esta línea, se vería reducida al 1,4%, tal como rigió de 2003 a 2015.
Por otro lado, se sancionó el proyecto de ley de Economía del Conocimiento, que promueve mediante incentivos fiscales, hasta el año 2029, «a las empresas y emprendedores en el diseño, adaptación y desarrollo de producción software y servicios afines a las nuevas tecnologías».
La medida solo fue respaldada por el Frente de Todos y aliados ya que los integrantes de Juntos por el Cambio dieron el debate pero se ausentó de la votación. El expediente volvió a la Cámara de Diputados porque el oficialismo le introdujo varias modificaciones.
Entre los cambios, se estableció que el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento tendrá vigencia desde el 1° de enero de 2020 para las empresas adherentes y hasta el día 31 de diciembre de 2029.
Podrán acogerse a los beneficios las empresas constituidas en la Argentina o habilitadas a trabajar en el país que tengan en regla su documentación y en las que se acredite que el setenta por ciento de su facturación total del último año se genere a partir de las actividades promovidas. En el caso de emprendimientos nuevos se deberá acreditar fehacientemente el desarrollo de las actividades promovidas.
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Además, deberán acreditar la realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios e invertir en la capacitación de sus empleados: un uno por ciento para las micro empresas, un dos por ciento para las pymes y un cinco por ciento para las grandes.
Quienes inviertan en capacitar a desocupados menores de veinticinco y mayores de 45 años o mujeres que accedan por primera vez a un empleo formal, podrán computar por el doble de su valor.
Este proyecto busca promover la industria del software; la producción audiovisual en formato digital; la biotecnología, bioinformática e ingeniería genética; nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital; e ingeniería para la industria nuclear; entre otros rubros.
