El Senado provincial aprobó este miércoles las cuatro leyes que habían enviadas por el Ejecutivo de Axel Kicillof para la expropiación de terrenos en los municipios de Morón, Lanús, Tres de Febrero y Ezeiza, donde serán construidas cárceles y alcaidías.
Los proyectos amplían los alcances de la Ley 14806 de Infraestructura Penitenciaria, sancionada en noviembre del 2020, con el objetivo de poner en marcha las obras carcelarias necesarias para alivianar el hacinamiento en las dependencias de Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre.
Con tratamiento express, la norma había recibido media sanción por unanimidad el pasado 17 de junio. «En la actualidad, el Servicio Penitenciario Bonaerense afronta la sobrepoblación más alta de su historia, cuyo registro se ubica por encima del 100%, de acuerdo a la capacidad de alojamiento de las 58 unidades penitenciarias y 10 alcaldías departamentales existentes», señala el texto de la mencionada normativa.
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Desde un primer momento, la oposición mostró resistencia en algunos puntos del articulado, sobre todo por la elección de los terrenos elegidos, pero coincidieron en la necesidad de que se levanten estos espacios carcelarios como parte de una política de Estado.
Además, la ley N°14.806 establece la culminación de obras para 2.050 lugares, algunas iniciadas por la exgobernadora María Eugenia Vidal con diferentes estados de avance. Para ello, ya se habrían realizado pagos a proveedores para avanzar en el corto plazo.
Según explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, la decisión de que las cárceles se concentren en el Gran Buenos Aires, en un corredor entre la General Paz y Ruta 6, responde a que cerca del 70% de los detenidos son residentes del Conurbano.
Asimismo, tener alcaidías de esas características en los distritos permitirá sacar a los detenidos de las comisarías ya que el gran objetivo es no tener ningún recluso en ese tipo de dependencias como sucede actualmente, producto de la sobrepoblación.
Como establece el proyecto, las unidades se construirán de acuerdo a las normativas Nelson Mandela de la ONU, que establecen que cada una contará con escuelas, talleres, espacios para la producción agrícola, espacios especiales para visitas y hospitales para atención médica.
