Aparecieron nuevos elementos de prueba en la investigación sobre el espionaje ilegal que llevó adelante la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el macrismo, sobre cientos de políticos, sindicalistas, periodistas y hasta detenidos en cárceles federales. Se dio a conocer un acuerdo “secreto” firmado entre la central de espías conducida por Gustavo Arribas y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para garantizar operaciones ilegales de inteligencia sobre ex funcionarios o empresarios vinculados al kirchnerismo detenidos en el penal de Ezeiza.
La causa, en manos de los Tribunales Federales de Lomas de Zamora, incorporó a la causa un acuerdo entre la AFI y el SPF del 8 de junio de 2018 (con la firma de Arribas y de Emiliano Blanco, ex titular del SPF), que habilita actividades de dudosa legalidad y establece una “asistencia tecnológica” de la central de inteligencia, que se presume habría sido utilizada para instalar el cableado con micrófonos y cámaras en celdas y espacios comunes de los presos, además de dar legitimar un constante tráfico de informes acerca de los llamados “presos K”.
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La primera cláusula del acuerdo establece que “el SPF se compromete a brindar la información que la AFI le requiera” y que por su parte la central de inteligencia “podrá prestar asistencia exclusivamente en cuestiones logísticas, tecnológicas y/o de mantenimiento siempre que resulte necesario para la observancia de las mismas legalmente asignadas”. El segundo punto compromete a las partes “a guardar absoluta reserva de la información, datos, circunstancias y/o personas respecto de las cuales pudieran tomar conocimiento” y el tercero determina que el acuerdo es de carácter “secreto”.
Los fiscales de la causa que hoy está en manos del juez Juan Pablo Augé, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, ya habían impulsado la semana pasada el allanamiento a dependencias del SPF como la Dirección General, la ex Dirección de Inteligencia (conocida como Área 50), la Dirección de Asuntos Internos y el mismo penal de Ezeiza. Dos funcionarios del Servicio Penitenciario declararon además que ex colaboradores de Blanco, que renunció a su cargo apenas comenzó la investigación y que la semana pasada fue imputado en el expediente, se había llevado ilegalmente cajas con documentación al dejar sus funciones. Los sospechados por este ilícito son Fernanda Koser (del Servicio de Prevención de Corrupción, ligado al IRIC) y Carlos Marchese (jefe de gabinete de Blanco).
Para los fiscales, el acuerdo confirma la existencia de un plan, acordado entre las “máximas jerarquías” de ambos organismos, para “controlar y vigilar todos los movimientos, conexiones y actividades que desarrollaron las personas privadas de la libertad incorporadas por ellos al Programa IRIC (Intervención para la reducción de índices de corruptibilidad), donde alojaban, todos juntos, a ex funcionarios acusados en causas de corrupción”. Así, el IRIC, una creación de la gestión macrista del SPF, habría proporciado un “mecanismo que habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada con distintos fines, y compartida presumiblemente con la Agencia Federal de Inteligencia”.
Según trascendió, uno de los asesores de Blanco, Fernando Carra, era el responsable de “presionar” a algunos de los detenidos con la data obtenida en distintas operaciones de inteligencia irregulares para que declararan contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner u otros ex funcionarios del kirchnerismo. En el mismo sentido, para los fiscales se encuentra probada la relación de espías del llamado grupo “Super Mario Bros”, con Cristian Suriano, responsable del Área 50.
