El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, en el marco de la causa que indaga presunto espionaje ilegal por parte de la AFI macrista, citó a declaración indagatoria a Darío Nieto, el secretario privado del expresidente Mauricio Macri, y de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
En su decisión, el magistrado le pidió al Consejo de la Magistratura que le «asigne una plataforma que permita realizar las mismas en forma remota», y señaló que la fecha de las audiencias se fijará una vez que obtenga respuesta a ese requerimiento.
«Considero que existen motivos bastantes para sospechar que Gustavo Héctor Arribas; Silvia Majdalani y Dario Nieto, han participado en la comisión de los hechos» relatados por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, «razón por los que habré de convocarlos a prestar declaraciones indagatorias», sostuvo el magistrado en el fallo al que tuvo acceso Télam.
El juez también dispuso que se cite a ampliar su indagatoria a la ex empleada de la Dirección de Documentación presidencial, Susana Martinengo, y a una veintena de ex agentes de la AFI que integraban los grupos de Whatsapp identificados como «Super Mario Bros», «Grupo Pilar», «Grupo Argentina», «Grupo Las Tres» y «Grupo Cueva».
La citación llega el mismo día en el que se dio a conocer un acuerdo “secreto” firmado entre la central de espías conducida por Gustavo Arribas y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para garantizar operaciones ilegales de inteligencia sobre ex funcionarios o empresarios vinculados al kirchnerismo detenidos en el penal de Ezeiza.
https://informepolitico.com.ar/espionaje-ilegal-aparecio-un-acuerdo-secreto-entre-la-afi-y-el-servicio-penitenciario/
El expediente incorporó un acuerdo entre la AFI y el SPF del 8 de junio de 2018 (con la firma de Arribas y de Emiliano Blanco, ex titular del SPF), que habilita actividades de dudosa legalidad y establece una “asistencia tecnológica” de la central de inteligencia, que se presume habría sido utilizada para instalar el cableado con micrófonos y cámaras en celdas y espacios comunes de los presos, además de dar legitimar un constante tráfico de informes acerca de los llamados “presos K”.
