Espionaje ilegal: Habría pruebas de que el Servicio Penitenciario compró cámaras y micrófonos

Una de las patas del esquema de espionaje ilegal que se llevó adelante desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Gustavo Arribas durante el macrismo pasa por su asociación con el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para espiar a ex funcionarios y empresarios detenidos en el Penal de Ezeiza. Ahora el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena habría encontrado pruebas de la compra de cámaras y micrófonos destinados a tal fin por parte de la llamada “Área 50”, el sector de inteligencia del SPF.

El juez Villena irá convocando en los próximos días a detenidos y liberados que fueron espiados durante su estadía en Ezeiza, que fueron víctimas de escuchas ilegales tanto en sus celdas como en las áreas comunes donde recibían visitas familiares o mantenían reuniones con sus representantes legales. En uno de los allanamientos al penal, el juez encontró pruebas concretas del equipo ilegal de monitoreo utilizado para producir estas escuchas, que en algunos casos incluso terminaron circulando por los medios de comunicación.

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El 10 de junio pasado en el allanamiento al Módulo 6 de Ezeiza, llevado adelante por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se encontró una cámara y varios metros de cableado en distintas áreas del penal. Luego, las pericias sobre estos equipos permitieron determinar que en los últimos años el SPF compró un importante lote de material de espionaje para el seguimiento sobre los presos vinculados con el kirchnerismo. La investigación pudo avanzar porque la cámara tenía adherida aún parte de la estampilla fiscal, gracias a la que pudo darse con el importador, quien al ser interrogado admitió que los equipos habían sido comprados a pedido del SPF.

La cámara encontrada era parte de un lote de 9, presuntamente monitoreadas en vivo desde el Área 50, a cargo de Cristian Suriano, quien pidió su retiro al avanzar la investigación. Al allanar el sector, se confirmó una plantilla de 60 agentes con funciones indeterminadas, porque además el sector inteligencia del Servicio Penitenciario no planteó una sola alerta por motines o asesinatos en el penal, lo que se supone debería ser su función. También se confirmó la compra de 6 sofisticados micrófonos de vibración ambiental, presuntamente utilizados para monitorear las celdas.

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