Este miércoles el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla definió el procesamiento de el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y de su ex segunda Silvia Majdalani en la causa por el llamado “Proyecto AMBA”, una red espionaje político coordinado por las máximas autoridades del organismo en la provincia de Buenos Aires en el marco de las elecciones de 2017 en territorio bonaerense. También fueron embargados por 20 millones de pesos.
Ramos Padilla sostuvo que la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri “retomó las prácticas del espionaje sobre los opositores políticos, sobre aquellos que desarrollaban actividades sociales y gremiales y sobre aquellos que desplegaban actividades de protesta, y de ese modo, violó la ley y la Constitución Nacional”. Y agregó: “El proyecto AMBA implicó el restablecimiento institucional de una práctica de los servicios de inteligencia que se creía superada. Una vuelta atrás en los logros de la democracia y la protección de las libertades políticas y los derechos individuales”.
En la resolución dada a conocer por el magistrado se plantea también que Majdalani “fue la funcionaria que se nutría diariamente de la información de inteligencia reunida por las nueve delegaciones provinciales y que, de acuerdo con sus funciones específicas, fijaba los objetivos de inteligencia específicos y adoptaba las decisiones en base a la información recopilada por sus dependientes”. En relación con Arribas, consideró que “fue quien ordenó expresamente la realización de tareas de inteligencia con orientación política al momento de disponer las funciones específicas de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires”.
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Para el juez, ambos determinaban “los objetivos” de las acciones de inteligencia llevadas adelante por sus subordinados, que apuntaban a investigar a agrupaciones políticas, organizaciones sociales y sindicatos, así como a sus actividades y referentes, operaciones que “estaban expresamente prohibidos por la ley y claramente no respondían a una alerta, riesgo o problemática vinculada a la defensa nacional o la seguridad interior”. Se realizaron acciones de espionaje también sobre comedores comunitarios, comités por la liberación de los presos políticos, periodistas y diversas personalidades.
Según Ramos Padilla “no sólo que existía una directiva de carácter general” ordenando los operativos ilegales, “emanada de la máxima autoridad del organismo”, sino que “también que se dispusieron órdenes concretas para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar”.
El procesamiento dictado por Ramos Padilla se suma a los que Arribas y Majdalani ya tienen en los tribunales federales de Lomas de Zamora, en dos causas que lleva el juez Pablo Augé, por operaciones ilegales sobre ex funcionarios detenidos en cárceles y sobre el Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
