Excarcelaciones: En medio de la polémica, los jueces responsabilizan al Ejecutivo por el Estado de las cárceles

Ante las críticas del Gobierno por determinadas excarcelaciones de presos para evitar contagio de coronavirus en las penintenciarias, desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional responsabilizaron a la Casa Rosada, conducción que asumió hace 6 meses, por el estado de las cárceles y recalcaron que las soluciones no están en sus manos.

A través de un comunicado, y en una respuesta directa al Poder Ejecutivo, expresaron que «ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial». Y agregaron que las libertades sobre las que resuelven los jueces se deben a «deficiencias en las estructuras del sistema carcelario y no al trámite propio de los procesos judiciales».

Esta asociación, compuesta por magistrados nacionales y federales, estableció que debe resolver entre mantener la detención de un preso con probabilidades de enfermar con severidad, o disponer el arresto domiciliario o la liberación de quienes no podrían aspirar a dejar la cárcel en otras circunstancias.

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Los jueces tienen en consideración en este contexto «las condiciones particulares del imputado o condenado, las características del hecho, la opinión de la víctima» y las circunstancias de cada caso, tal como subrayaron en el texto.

«Es el Poder Ejecutivo, nacional o provincial, quien tiene a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y a él comprende la obligación de asegurar condiciones esenciales de salubridad e higiene intramuros», añadió el colectivo.

Asimismo, afirmaron que ellos determinan cuál derecho está afectado en menor medida y que son «los administradores del sistema penitenciario» los que tienen que tomar medidas antes de que el asunto tenga una solución judicial.

Por otro lado, le respondieron a Sergio Massa, quien pidió juicio político para los magistrados que otorguen excarcelaciones: «Resulta inadmisible el empleo del juicio político como herramienta de intimidación hacia los magistrados que resuelven de un modo contrario a la expectativa de quien lo promueve».

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