Aunque este viernes finalmente se publicó el decreto que extiende el congelamiento de alquileres hasta el próximo 31 de marzo, los inquilinos denuncian que los propietarios e inmobiliarias no cumplen con la ley de alquileres y que en el sector se aplicó de hecho un aumento de los precios del 62%, muy por encima de la inflación del año pasado. Un problema gravísimo que afecta a millones de personas en el país y requiere una mayor presencia estatal para garantizar el cumplimiento efectivo de la histórica ley votada el año pasado.
Con la publicación del decreto 66/2021, este viernes 30 se prorrogó por tercera vez el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos en el marco de la epidemia de coronavirus que golpea al país hace más de 10 meses. El texto define que la emergencia sanitaria “con sus consecuencias económico-sociales, ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos”, por lo que no sólo se prorroga el congelamiento sino que se amplió de 6 a 12 el número de cuotas para saldar las deudas acumuladas por el congelamiento, al tiempo que se promueven instancias de mediación para resolver los conflictos eventuales.
Sin embargo, desde distintas organizaciones de inquilinos, principalmente Inquilinos agrupados, denuncian que los alquileres aumentaron un 62% interanual, casi el doble de la inflación 2020 y que se siguen registrando muchísimas situaciones de “abuso” en el mercado inmobiliario y numerosos incumplimientos de la Ley de alquileres, como la continuidad del cobro de meses de comisión que ya no corresponden o la firma de contratos “cortos” a seis meses para poder seguir aplicando aumentos semestrales, cuando la ley establece un único aumento anual.
Es oficial: El Gobierno extiende el congelamiento de alquileres
Por eso, el pasado lunes 25 de enero desde la entidad representantes de los inquilinos llevaron adelante una protesta en Plaza de Mayo para reclamar por estas irregularidades y exigir mayores controles del Estado que eviten estos abusos que sufren cotidianamente nueve millones de personas a nivel nacional. Sin adecuados controles, los resultados de la nueva ley fueron peores, ya que los propietarios se resisten al cumplimiento de los contratos largos de 3 años o ponen precios altísimos de inicio para contrarrestar la prohibición de aumentos trimestrales o semestrales, como en la etapa anterior.
Los inquilinos plantean que el control estatal en este sentido es norma en las principales ciudades del mundo, recordando que en Berlín, Barcelona, San Pablo, Nueva York, Montevideo y otras se busca a garantizar alquileres largos, con políticas de precio incluso por barrios, como sucede en París. “La Argentina es el único país que aumentó así los alquileres en un contexto como este”, denuncian. Durante enero, desde Inquilinos Agrupados también se llevó adelante una encuesta sobre el sector, para actualizar datos sobre las condiciones de alquiler y los abusos cotidianos en el sector.
Como ejemplo de estos abusos, en la web de inquilinos agrupados hace unos días se compartió el siguiente relato de un locador en un foro de propietarios, poco antes de la confirmación de la prórroga del decreto de congelamiento: “Recién me llamó una inquilina para decirme que mañana firma. La presioné toda la semana, le dije que estaba duro el tema alquiler y que necesitaba sí o sí la plata del alquiler y que si no firmaba el contrato el 1/2 iba a tomar posesión del departamento. Indirectamente le dije que si no firmaba y sin DNU se quedaba en la calle con las dos hijas. Lamentablemente el panorama es incierto y las leyes no cuidan al propietario. Hay que presionar a los inquilinos y meterles miedo, jugar con sus desesperación y angustia de quedar en la calle ante la duda de si el DNU se extiende o no. Aprovechen esta semana para firmar y arreglar un buen aumento que desesperados firman. Yo a esta mujer le puse 100% de aumento y agarró igual. Si bien se adhirió al DNU siempre fue cumplidora y eso me llevó a darle el beneficio de seguir, aparte también corría el riesgo de que se extienda el DNU y seguir con un alquiler desactualizado. Aprovechen estos días para jugar con la desesperación y que firmen, además podemos pedirle un buen aumento porque no hay mucha oferta de alquileres y los que hay se están cubriendo con un principio de contrato de 3 años”.
Se reglamentó y entró en vigencia la nueva Ley de Alquileres
En ese sentido, desde la Cámara de Propietarios de la República Argentina, que se opuso a la Ley de Alquileres, hoy denuncian que la extensión del congelamiento es “terrible”, porque “no solo están perjudicando a los mismos inquilinos, porque se les generará una bola de nieve de deudas, sino también porque espanta la inversión inmobiliaria destinada a alquilarse como viviendas”.
Está claro que el tema no se resuelve sólo con la votación de la ley y que hacen falta no sólo controles para el cumplimiento de la misma sino también avances en otras medidas vinculadas con el mercado inmobiliario. Un reciente informe del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) confirmó que en el territorio porteño existen 138.328 inmuebles ociosos (el 76% de las viviendas de en Ciudad son departamentos), lo que implica casi el 10% de las viviendas del territorio. Los barrios con más cantidad de casas y departamentos desocupados son precisamente los de mayor poder adquisitivo: los primeros puestos son para Puerto Madero (donde está ocupado sólo el 28% de los departamentos) y Recoleta (donde están vacíos 12 de cada 100), seguidos por Núñez, Belgrano y Palermo.
En este sentido, en marzo del año pasado la bancada del Frente de Todos de la Legislatura porteña había comenzado a discutir un proyecto específico para cobrarle un impuesto progresivo a las viviendas ociosas, como estrategia para sumar espacios al mercado inmobiliario y sumar un factor para bajar el precio de los alquileres (elevadísimos en relación con el poder adquisitivo real de los salarios). Una estrategia similar se puso en práctica en Francia en 1999 para viviendas vacías por más de dos años, cobrando un 10% extra de impuesto inmobiliario el primer año de vacancia y luego al 20%. Desde 2017 esa cifra puede subir hasta el 60% extra en Paris.
Con el 10% de las viviendas desocupadas hay más de 350 mil hogares con dificultades relacionadas con el alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, eso sin contar que existe un 10% de la población viviendo en condiciones de hacinamiento, en villas o zonas sin las condiciones mínimas de accesibilidad o servicios
