Como ya sucedió con la causa que investiga las operaciones de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales federales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pidieron que también se procese a los ex titulares de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Gustavo Arrivas y Silvia Majdalani también en la causa que investiga presuntas maniobras de espionaje ilegal contra periodistas, referentes de derechos humanos y dirigentes políticos, sociales y sindicales, además del sobre ex funcionarios kirchneristas detenidos.
En un dictamen de más de mil páginas presentado ante el juez Juan Pablo Auge, los fiscales también solicitaron que se procese a la ex responsable de la Oficina de Documentación Presidencial durante el macrismo, Susana Martinengo, y que se dicte la falta de mérito para el secretario privado de Macri Santiago Nieto. También pidieron el procesamiento para un grupo de ex agentes de la AFI involucrados en las maniobras de espionaje ilegal en cárceles, así como para varios ex funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, incluyendo a su extitular Emiliano Blanco.
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Incardona y Eyherabide detallaron que entre los años 2017 y 2019 los imputados para los que se pidió el procesamiento “formaron parte de una organización ilícita, con distribución de roles, funciones, atribuciones, jerarquías y responsabilidades, que se dedicó a la obtención, análisis, intercambio y almacenamiento de información sobre distintas personas, por el solo hecho de sus opiniones políticas, su calidad de dirigentes o ex funcionarios del Estado”. Luego añadieron que estas operaciones se realizaron en base “pertenencia o vínculos con organizaciones partidarias, sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, su carácter de periodistas, así como sobre sus acciones privadas y/o actividades lícitas”, todos causales prohibidos por la Ley de Inteligencia vigente.
Para estos objetivos ilícitos, los funcionarios “utilizaron la infraestructura y los recursos del Estado Federal, en especial desde algunas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, como la Agencia Federal de Inteligencia y el Servicio Penitenciario Federal, y el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en particular el Servicio Penitenciario Bonaerense, para la realización de las conductas mencionadas, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales, tanto en la Ciudad Autónoma como en la provincia de Buenos Aires”. Así, “obtuvieron, intercambiaron, analizaron y almacenaron información sobre integrantes y/u organizaciones lícitas de distinto tipo (partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, culturales, estudiantiles, de Derechos Humanos, de familiares de personas privadas de la libertad y/o laborales) que desarrollaban sus actividades lícitas tanto en espacios públicos intramuros como extramuros”.
“Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en su calidad de máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, fueron los jefes de la organización y los responsables de conformar una estructura dentro de la agencia, dedicada a practicar acciones de inteligencia ilegal sobre las víctimas”, afirma el dictamen.
