Luego del desalojo que encaró la administración Kicillof en los terrenos ocupados en Guernica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le envió a la cancillería argentina un pedido de informes sobre el procedimiento que «podría colocar en situación de riesgo a las personas que ocupaban el predio».
El texto, que fue firmado por la secretaria ejecutiva interina del organismo, María Claudia Pulido, y se da en respuesta a una solicitud de medidas cautelares realizada por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Gremial de Abogados y Abogadas en favor de los ocupantes del predio bonaerense; pide conocer la situación las personas que serían beneficiarias por la eventual emisión de las medidas cautelares, en especial en relación al riesgo de exposición al Coronavirus.
Asimismo, la CIDH se pregunta si el Gobierno garantizará el acceso a alimentación, servicios básicos y atención médica de los ocupantes. También requirió saber cuál sería la situación en el terreno desalojado y las medidas adoptadas para hacer frente a alegados enfrentamientos que estarían teniendo lugar. La solicitud explicitó que el Gobierno debe responder en siete días.
Tras el desalojo a Guernica, Provincia creó una «Unidad de Tierra y Vivienda»
Cabe destacar que tras el polémico desalojo, la semana pasada la Provincia de Buenos Aires confirmó la creación de una Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, en la órbita del Ministerio de Gobierno encabezado por Teresa García, que tendrá como objetivo el desarrollo de soluciones habitacionales y la urbanización en barrios populares.
La decisión se confirmó con la publicación del Decreto 955 en el Boletín Oficial de la provincia, con la firma del Gobernador Axel Kicillof. El texto establece que la Unidad estará integrada por representantes de las carteras de Infraestructura y Servicios Públicos, de Desarrollo de la Comunidad, de Hacienda y Finanzas, de Justicia y Derechos Humanos y de Jefatura de Gabinete de Ministros. También integrarán el organismo el Instituto de la Vivienda, la Autoridad del Agua, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y el Organismo Provincial para la Integración Social y Urbana. Además, se creó el Registro de Suelo Urbano para identificar suelo fiscal urbanizable, “susceptible de ser utilizado para el desarrollo de soluciones habitacionales”.