Un grupo personalidades de la política y el espectáculo cercanos a Juntos por el Cambio (JxC) hicieron pública este martes una carta pública para pedir que el Gobierno nacional derogue la prórroga de la Ley de Emergencia 27.541 y todos los decretos “limitantes de los derechos constitucionales dictados en el marco de la pandemia”. En el mismo sentido en que hace algunos meses habían cuestionado una presunta “infectadura” por parte de la administración de Alberto Fernández, ahora hablan de “terror sanitario”.
Los impulsores de la carta pública son básicamente los mismos que hace algunos meses denunciaron la “infectadura”: Santiago Kovakloff, Juan José Sebreli (recientemente contagiado de coronavirus), Jorge Sigal, Luis Alberto Romero, Darío Lopérfido, Federico Andahazi, Ricardo Lafferriere, Silvia Martínez, Roberto Cachanosky, Daniel Sabsay, Luis Brandoni, Maximiliano Guerra, Gabriel Levinas, Ricardo Canaletti y algunas otras personalidades del mundo de la academia, del periodismo o del espectáculo. Ambas cartas fueron firmadas por un total de 300 personas.
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“Hoy las circunstancias evolucionaron en el sentido que menos deseábamos, pero que entonces intuíamos: en nombre de cuidar la salud de la población, el Gobierno avanzó con una agenda ajena al contexto que vivimos y disociada de la realidad. Del discurso ultracientificista de los primeros meses se pasó sin escala, pero con igual afán, a propagar relatos con incompleta y sesgada contrastación empírica o científica y hasta con datos erróneos destinados a mantener la reclusión y el sometimiento de gran parte de la población”, afirma el texto difundido.
Luego se enfoca en la denuncia de múltiples casos de “personas que han sido encarceladas, perseguidas, agredidas, perjudicadas y denunciadas en nombre de la salud pública y violentando garantías esenciales estipuladas por la Constitución Nacional”, al tiempo que se denuncia “la escasa pericia que demuestra el Gobierno en el ámbito sanitario”.
Los firmantes exigen “el retorno del Congreso a su funcionamiento normal poniendo fin a las sesiones virtuales” y “el cese inmediato de la criminalización de actividades lícitas y el acoso de fuerzas de seguridad a los ciudadanos, así como de las actitudes impúdicas de los responsables de la seguridad pública y sus peleas por espacios de poder y futuras candidaturas”. Además, “el funcionamiento del Poder Judicial en su totalidad” para que esté “ampliamente disponible para actuar cuando las personas reclamen la defensa de sus derechos básicos”.
Por último, señalan que “es preciso acabar con el aprovechamiento de la cuarentena indefinida para avanzar en proyectos de impunidad personal y la concentración de poder de grupos políticos oficialistas”. “Es indispensable acabar con el uso ilegal del terror sanitario como herramienta para someter a la población”, concluye el texto.
