El Informe Económico correspondiente al mes de agosto de la Fundación Innovación Política Argentina (INNPOA), la entidad que preside Sergio Buil acompañado por Emilio Monzó, analiza los más recientes datos oficiales sobre la economía nacional, confirmando que el primer semestre del año cierra con una “contracción histórica” para la Argentina, bajo el impacto de la epidemia de coronavirus, aunque destacando la inversión estatal para luchar contra la crisis sanitaria y remarcando el impacto positivo del canje de deuda.
El texto detalla que lo datos de la actividad económica de junio que reflejan una recuperación de 7,4% respecto de mayo, lo que muestra un rebote luego del piso alcanzado en abril, pero siguen siendo cifras que se mantienen “muy por debajo de los niveles de actividad previo a la cuarentena”. Así, el primer semestre cerró con una caída del 16.5% y 19.5% en relación a igual periodo del año pasado. Algunos de los rubros más impactados son los de la hotelería, con un retroceso del 98,2% interanual, el de los shoppings que siguen cerrados en las principales ciudades del país y durante junio cayeron un 88.6% en relación con 2019, o la construcción, con caídas superiores al 40%. En junio también se constató la primera caída del año en términos reales para supermercados y mayoristas, de un 1.5%, que podría adjudicarse “a la disminución del poder adquisitivo y la caída del empleo que comienza a afectar el nivel de consumo”.
En julio, el índice de precios al consumidor IPC del INDEC tuvo una variación mensual del 1.9% (en junio había sido de 2,2%), representando un retroceso para constituirse como la segunda cifra más baja del año. El acumulado anual llega al 15.8%, con una variación interanual es del 42.4%.
Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se espera una caída para el 2020 del 12.5% del PBI con un importante recupero de más del 5% para el año 2021 (compensando el pesimismo para el año en curso con “una mayor recuperación para el próximo año”). En el terreno de las proyecciones, el informe considera que una de las buenas noticias en el plano internacional pasa por el aumento del precio de la soja en el mercado de Chicago, que pasó de 335 a 350 dólares la tonelada, acumulando una recuperación del 10% en las últimas semanas y volviendo a los niveles prepandemia. Esto implica “buenas señales a la complicada situación de divisas y tipo de cambio que vive el BCRA”.
Uno de los aspectos destacados del informe pasa por el análisis del impacto de la reestructuración de los 65 mil millones de dólares de deuda bajo jurisdicción extranjera conseguida recientemente por el Ministerio de Economía a cargo de Martín Guzmán, con una aceptación del 93.5% que permitió activar las CAC (cláusulas de acción colectiva) por lo cual el porcentaje se eleva al 99%. Al respecto, se detalla que “el acuerdo ha logrado un alivio total de aproximadamente 35 mil millones en el pago de intereses”, posponiendo además el pago de deuda para los próximos años. En línea con este acuerdo, se adecuo bajo las mismas condiciones el canje de 42 mil millones de dólares bajo ley local, incluyendo un posible canje de bonos que ajustan por CER. Los resultados finales de este proceso se anunciarán el 17 de septiembre pero, según el informe, “se esperan buenos resultados”. Luego seguirá la renegociación con el Fondo Monetario Internacional.
Más allá de estos buenos resultados, se destaca que el riesgo país de Argentina “sigue manteniéndose por encima de los 2 mil puntos básicos lo que significa que hay un largo recorrido en términos de construcción de confianza para poder volver a acceder al mercado de capitales en un futuro cercano poniendo presión sobre la situación fiscal”.
El análisis de INNPOA pone también la lupa sobre la ejecución presupuestaria de julio, constatando que las cuentas nacionales “volvieron a resultar deficitarias, aunque reduciendo en el margen su deterioro”: frente a un déficit mensual promedio del 0.9% entre abril y junio, el mismo se redujo al 0.6% durante el mes pasado (-33%).
En este sentido, se considera el importante impacto presupuestario de la lucha contra la epidemia de COVID-19, ya que durante los primeros 7 meses del año el Gobierno Nacional “destinó cerca de $550.000 millones (2% del PIB) a afrontar los efectos de derivados de la pandemia de coronavirus, ya sea en asistencia directa al sector privado (empresas y familias) o a los gobiernos provinciales”. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) concentró el 31% de las erogaciones, seguido por el programa ATP destinado a financiar parte de los salarios del sector privado registrado (22%), en tanto que el financiamiento a los gobiernos provinciales explica un 19% en conjunto (ATN + Asistencia Financiera a Provincias). Respecto de junio, el gasto asociado al COVID se expandió en $96.000 millones (+21%) en el séptimo mes del año.
El estudio considera que “resultaría deseable que la incidencia de estos programas se vaya recortando durante el segundo semestre, en la medida que la reactivación de la actividad económica permita al sector privado recomponer su flujo de ingresos y su independencia de la asistencia estatal”.
Antes de pasar al análisis detallado por distritos, se evalúan las estrategias para el financiamiento del déficit y las perspectivas del año, confirmando que, como sucede desde el inicio de la pandemia, el BCRA mantuvo activa la emisión monetaria para financiar el gasto del Tesoro Nacional: “En junio el aporte fue de $220.000 millones provenientes de la distribución de utilidades ($100.000 M) y la asignación de Adelantos Transitorios, llevando el acumulado anual a $1.47 billones (5.3% del PIB), que ha permitido financiar la totalidad del déficit financiero del período ($1.38 billones)”. Aquí se recuerda que “este financiamiento dista de ser gratuito”, ya que además de la incidencia inflacionaria y cambiaria, esta estrategia obliga al BCRA a “esterilizar” estos volúmenes por medio de la colocación de LELIQs y pases activos al sistema financiero, que hoy tienen tasas del 38% y 19%, respectivamente. “Esto se traduce en el déficit cuasifiscal que enfrentará el BCRA y achicará el balance del ejercicio, reduciendo la potencialidad de distribución de utilidades para el ejercicio 2021”, se añade.
En ese escenario, el Tesoro Nacional incrementó sus colocaciones en el mercado local en moneda doméstica, “con la perspectiva de reducir la dependencia del BCRA como canal financiero, lo cual resulta una señal positiva”, estrategia con la que en los últimos meses ha logrado “empatar” o superar los vencimientos mensuales. Los vencimientos en moneda extranjera (hasta su suspensión) fueron cubiertos con reservas del BCRA, por un total cercano a los USD 5 mil millones.
Finalmente, se destaca que “sumado a los vencimientos intra sector público ($655.000 M), el BCRA todavía cuenta con un poder de fuego de $870.000 millones hasta fin de año, quedando una brecha cercana al billón de pesos, la cual deberá ser cubierta a través de colocaciones en el mercado local”. Así, el financiamiento del BCRA y el rolleo de las agencias públicas “permitiría cubrir la totalidad de los vencimientos de deuda en moneda local hasta fin de año, restando conseguir el financiamiento para cubrir el déficit primario”.
