Avanza la investigación del Gobierno nacional sobre un posible desvío de fondos públicos en el proyecto conocido como Pisos Tecnológicos, que durante el macrismo pretendió instalar redes de datos en las escuelas. El proyecto era impulsado por el Ministerio de Educación, que luego involucró a un organismo de Naciones Unidas (ONU), en una confusa maraña que terminó bloqueando el proyecto, ya con 600 millones de pesos gestionados en forma irregular.
La Sindicatura General de la Nación (Sigen) ordenó una investigación sobre el proyecto concluido formalmente a fines de junio pasado, que fue girado hace algunas semanas a la cartera educativa que encabeza Nicolás Trotta.
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Según plantea La Nación, en los últimos meses se habrían concluido otras auditorías sobre distintos programas ministeriales del macrismo (sobre los que ya se han denunciado severas irregularidades en el caso una importante cantidad de dosis de vacunas vencidas para Salud y de la no entrega de miles de computadoras en programas de Educación). Las auditorías investigan a la ex Secretaría de Modernización conducida por Andrés Ibarra, a la Aduana y a una serie de ventas de terrenos del Estado.
En cuanto a la investigación sobre Pisos Tecnológicos, la iniciativa nace en julio de 2017 cuando se firmó un convenio entre la cartera educativa, la empresa pública Educ.ar y el Enacom para instalar los “pisos tecnológicos” en más de 18 mil escuelas de todo el país, con un presupuesto de 2300 millones de pesos.
El proyecto se puso en marcha con una transferencia de $600 millones del Enacom a Educ.ar, pero luego la cartera educativa informó que se había utilizado a un organismo de la ONU (Unops) para las contrataciones, lo que generó una serie de incompatibilidades con los organismos públicos. La iniciativa fue suspendida a fines de 2018 por el Enacom, cuestionando transferencias al organismo de la ONU sin consentimiento del organismo de telecomunicaciones. Luego hubo giros de estos fondos a una cuenta del Citibank a cargo de la Unops, que generaron gastos por comisiones millonarios e innecesarios y dificultaron el seguimiento de los activos.
El ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro justificó las decisiones tomadas por su cartera, afirmando que habían permitido ahorrar un monto sustancial y habían sumado transparencia. Pero la auditoría de la SIGEN sostiene que se le pagaron comisiones al organismo de la ONU por 3,5 millones de dólares y que las transferencias entre bancos derivaron en un innecesario pago de impuestos por más de 3 millones de pesos.
