El Ministerio de Educación busca promover una investigación en la Oficina Anticorrupción (OA) para saber qué pasó con los 62 millones de dólares que se destinaron al programa 3000 jardines, impulsado en 2016 por el gobierno de Cambiemos. El titular de la cartera, Nicolás Trotta, sostiene que hubo «una serie de hechos irregulares que podrían resultar constitutivos de un delito, y sobre lo que en definitiva deberá expedirse la Justicia».
En la denuncia que llegó a la OA detallan que de los 3000 jardines de infantes previstos sólo fueron licitadas 292 obras y, finalmente, se concluyeron 107. Y la transferencia de recursos fue de 62 millones de dólares.
«El 34% del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a La UTE BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L – ESCARABAJAL INGENIERÍA S.R.L a pesar de haber recibido un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba que no tenía la capacidad operativa para absorber las obras», detallaron voceros de la cartera de Educación sobre la denuncia.
En el ministerio entienden que «ninguna de las 93 obras fue finalizada y por el bajo avance de las mismas, tras dos años de plazo, fueron rescindidas 53 de ellas que se encontraban entre un 50% y un 75% de avance». De estas, «19 registraban entre un 20% y un 49% de avance y 2 reconocían apenas un avance inferior al 20%. A su vez, se rescindieron 19 obras de mutuo acuerdo cuyo avance de estado promedio era del 11%».
Por estos avances se transfirieron 61.920.462 de dólares sobre un total de 92.357.315 que abarcaban los 4 contratos. «Una vez relevada la documentación, verificamos los créditos ante el conocimiento que ambas empresas integrantes de la UTE se habían presentado a concurso de acreedores sin haber informado a la Justicia que el Ministerio era su principal acreedor”, explicó Trotta.
