La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomaba hoy la actividad para tratar las 14 denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, luego de que la semana pasada quedara aprobada por mayoría la admisibilidad de las acusaciones.
Concluida la etapa preliminar del proceso de juicio político en la comisión homónima presidida por Carolina Gaillard se inicia la etapa de la investigación, vinculada a la producción de la prueba contra los cuatro acusados por presunto mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones: el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y los altos magistrados Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Al comenzar esta cuarta audiencia de la comisión, Gaillard comunicó que a pedido de Juntos por el Cambio se procedía a reemplazar a Mario Negri y María Luján Rey como secretarios de la comisión, siendo relevados por Karina Banfi y Silvia Lospennato.
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A continuación, la entrerriana informó que se considerarían las solicitudes de ampliación de las pruebas en algunos de los pedidos de juicio político.
Antes de proceder en ese sentido, pidió la palabra el diputado macrista Pablo Tonelli, quien adelantó las objeciones a las pruebas y testigos propuestos por el Frente de Todos.
«Está claro que no es prueba destinada a probar el supuesto mal desempeño sino a otra cosa, o en todo caso a prolongar innecesariamente la investigación», apuntó, y acusó al oficialismo de montar «un show para exponer a los jueces de la Corte y a sus allegados».
El legislador del PRO cuestionó la «extensión inusitada» de los requerimientos de prueba solicitados por el oficialismo, ya que a su entender «no solo afecta a los denunciados» (los jueces de la Corte) sino que además «afectaría a terceras personas que nada tienen que ver con la investigación».
«No solo se piden las llamadas hechas por los denunciados , sino que se pide con que números telefónicos se comunicaron y a quiénes pertenecen esos números telefónicos», criticó Tonelli, que consideró que esta decisión «viola el articulo 18 de la Constitución Nacional que protege las comunicaciones».
A su vez, afirmó que la comisión de Juicio Político «no tiene atribuciones ni facultades para requerir intercepciones telefónicas o entrecruzamiento de llamadas, nombres y titularidades de abonados que pudieron haberse comunicado con personas».
«Todo eso excede largamente las atribuciones de la comisión. Y si en ultima instancia fuera necesaria pedir esa prueba no queda más remedio que solicitarla por intermedio de un juez», explicó.
Por otra parte, Tonelli impugnó el criterio de selección de testigos del Frente de Todos, acusándolo de querer montar un desfile interminable de personas en la comisión con el objetivo de «desacreditar a los jueces».
Para el abogado opositor, «queda en evidencia que el propósito no es acreditar el mal desempeño sino desacreditar a los jueces, que es una cosa muy distinta».
El diputado del PRO señaló que no pueden comparecer ante la comisión en este procedimiento de juicio político en la medida en que estén siendo investigados por la Justicia ordinaria, porque todo lo que fueran a decir podría ser utilizado en su contra. En ese sentido, advirtió que si se los cita, lo más probable es que se nieguen a declarar.
A su turno, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, advirtió que la producción de la prueba debe realizarse «con legalidad», por lo que pidió «un debate para definir los alcances de las facultades de investigación de esta comisión».
El diputado de Juntos por el Cambio pidió ajustar los parámetros para la citación de testigos, ya que «hay personas que no son testigos ni son expertos» que son propuestos por el oficialismo y que «van a venir para desacreditar a la Corte».
Sobre el oficio de prueba solicitado por Rodolfo Tailhade para averiguar información sobre una reunión por el cumpleaños del fiscal federal porteño Juan Ignacio Mahiques en 2019, el diputado opositor rechazó con énfasis esa medida.
A continuación, Gaillard, clarificó que este jueves empezaron a librarse los oficios requiriendo prueba, y que el objetivo de esta reunión preparatoria de la investigación es «definir el cronograma de audiencias testimoniales y a quiénes vamos a convocar»
Seguidamente, tomó la palabra Thailade, quien salió al cruce de Tonelli por haber planteado que Robles y D´Alessandro no debían ser convocados como testigos en la comisión porque seguramente iban a negarse a declarar.
«Que vengan Robles y D´Alessandro y que ellos digan en todo caso que no quieren o pueden responder. ¿Y si vienen y dicen ´quiero declarar?´ ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes se van a oponer?», chicaneó el diputado kirchnerista.
«Que los diputados (de JxC) adelanten que es lo que va a pasar me parece improcedente, más allá de que no tengo ninguna duda sobre la vinculación», sumó, fiel a su estilo provocador.
Thailade aclaró que «no se está pidiendo la interceptación de nadie y ni siquiera el entrecruzamiento de los llamados», sino únicamente una lista de los llamados recibidos y entrantes de Robles y D´Alessandro.
«El contenido de los llamados no estamos buscando, es muy difícil y para eso sí requeriría la intervención de un juez», admitió.
La diputada de la Coalición Cívica Mariana Stilman apuntó que «falta un proceso de admisibilidad de la prueba y de análisis de cada una de ellas porque hay un montón de medidas solicitadas que no tienen fundamento respecto de sus procedencia, cuál es el objetivo que se persigue y en cada caso particular si es pertinente».
Recogió el guante el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, quien hay que poner mucho énfasis en garantizar los derechos de los ciudadanos pero también mucho énfasis en evitar encubrir ilicitudes».
«Estamos frente a la posibilidad no solamente de que se hayan dictado sentencias arbitrarias sino de que se hayan cometido ilícitos. Y como funcionarios público tenemos la obligación de denunciarlos en la sede que corresponda, o en el ejercicio de nuestras funciones en la comisión de Juicio Político o de extremar las medidas que sean necesarias para esclarecer o no la existencia de esos hechos ilícitos», planteó.
«¿Por qué no pueden venir Robles y D´Alessandro? ¿Ustedes ya saben de antemano que no van a venir? Si tienen la ventaja de saber que no van a venir porque no están sobreseídos, díganlo directamente, pero yo preferiría que vengan y lo digan ellos», ironizó el radical kirchnerista.
Moreau también le contestó a la oposición por negarse a aceptar que se libre un oficio para averiguar qué pasó y quiénes estaban en el cumpleaños de Mahiques.
«No le bajaría el precio a lo que sucede en determinados ámbitos fuera de tribunales, como cumpleaños, club de fútbol, quintas presidenciales, viajes pagados por empresas. Ahí también se arreglan sentencias», sugirió.
