Mientras el país comienza a sentir el impacto del ingreso de la variante Delta del coronavirus y la campaña de vacunación se acelera, el gobierno jujeño encabezado por el radical Gerardo Morales decidió que los trabajadores públicos deben vacunarse obligatoriamente, sentando una posición polémica para los referentes de Juntos por el Cambio (JxC), que en diversas ocasiones se han manifestado enfáticamente en sentido contrario.
“He dictado el Decreto Acuerdo 696 que dispone en el Artículo 1 la obligatoriedad de la vacunación para todos los empleados públicos y estamos invitando al sector privado en general a adherir a la disposición”, explicó Morales.
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Según la nueva disposición provincial, todo el personal público debe haber recibido por lo menos una dosis y quienes no puedan acreditarlo comenzarán a ser considerados como ausentes de sus puestos de trabajo (a menos que cuenten con una justificación), “siendo su inasistencia injustificada con la correspondiente pérdida de la remuneración por día no trabajado”, como explicó el mandatario. En el mismo sentido, Morales anticipó que comenzará a exigirse un certificado de vacunación para la utilización de transporte público.
El secretario de Gobierno jujeño Diego Rotela añadió en declaraciones periodísticas que el gobierno provincial entiende que esta constituye una medida que “permite garantizar la salud pública y el nivel de normalidad en la provincia”. Respecto de la legalidad de la medida, agregó: “La ley nacional de vacunación establece como uno de los requisitos tener el carnet de vacunación al día”.
La decisión oficial se relación también con el abrupto descenso en el porcentaje de ciudadanos vacunados. Durante los primeros meses de vacunación, Jujuy ocupaba los primeros niveles en cuanto a la aplicación pero hace algunas semanas ese número “cayó”, como reconocen las autoridades, llevando a que al día de hoy haya más de 120 mil vacunas entregadas a la provincia y sin aplicar.
