El comité de expertos que creó el Gobierno para analizar modificaciones en la Justicia le entregó a Alberto Fernández un exhaustivo informe con distintas propuestas. Una, es que la Corte Suprema de Justicia solo trate casos constitucionales y de derechos humanos.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los integrantes de la comisión, le expresó a Radio Cooperativa que «lo más significativo es que la Corte se transforme en un tribunal que debata casos constitucionales y de DD. HH. Con filtros que disminuyan los casos que la Corte trata y haya otros tribunales para brindar más respuestas».
«Se va a dar otro tipo de respuestas y la Corte solo se va a abocar a los casos constitucionales. Esto va a permitir que se resuelvan menos casos y más rápido», agregó el letrado. Por eso aconsejó la creación de un nuevo tribunal «intermedio». A su vez, descartó un pronunciamiento sobre el número de integrantes del máximo tribunal.
Acerca del Consejo de la Magistratura, la comisión recomendó una alteración, cuyos miembros deberían pasar de 13 a 16. Por otro lado, se habló de la necesidad de bajar la mayoría necesaria en el Senado para aprobar la designación del Procurador, en línea con las intenciones del oficialismo.
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De todos modos este pensamiento no fue unánime: de acuerdo a La Nación, seis de los juristas convocados por el Presidente pidieron variaciones para nombrar al procurador mientras cinco no se mostraron de acuerdo.
Votaron por flexibilizar la mayoría -y llevarla a mayoría absoluta de los miembros del Senado- los abogados Carlos Beraldi, Carlos Arslanian y Marisa Herrera; el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra y los jueces de las cortes provinciales Claudia Sbdar (Tucumán) y Omar Palermo (Mendoza).
Para mantener los dos tercios en la cámara alta, se pronunciaron Inés Weinberg de Roca, la presidenta del máximo tribunal porteño; Enrique Bacigalupo, exjuez del Tribunal Supremo español y procurador del Tesoro del gobierno de Héctor Cámpora; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y los jueces de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires) y María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego).
