JxC acusa a Lorenzino de «militancia partidaria» y pide su renuncia como Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo Guido Lorenzino quedó en medio de la polémica luego que senadores de Juntos por el Cambio le exigieran a la presidenta de la Cámara alta, la vicegobernadora Verónica Magario, la convocatoria a la comisión bicameral de seguimiento del cargo para evaluar el accionar de su titular.

Lorenzino quedó en medio de la polémica luego de solicitar al municipio de Tres de Febrero un informe relativo al funcionamiento de jardines maternales municipales, en plena vigencia del DNU nacional y la resolución provincial que establecían la suspensión de las clases presenciales en el AMBA.

El intendente Diego Valenzuela es uno de los cambiemitas que, como Jorge Macri o Gustavo Posse, cuestionaron abiertamente la suspensión de la presencialidad en las aulas, incluso llevando el tema a la Justicia, sin éxito, como lo hizo el propio jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Valenzuela fue cuestionado por las autoridades provinciales y por el propio Lorenzino quien, antes de enviar el pedido de informe, adelantó la iniciativa a través de su cuenta de Twitter.

Fueron justamente estos anuncios, en los que aparecen arrobados no solo el propio gobernador Axel Kicillof sino también gran parte de su gabinete, y el propio pedido de informe los que derivaron en el pedido de renuncia a su cargo.

Fue el propio Valenzuela el que respondió públicamente a los planteos, tanto del Jefe de Gabinete Carlos Bianco, que llamó por teléfono al intendente «para exigirle el cierre de todos los espacios de primera infancia», y a Lorenzino que, rápido de reflejos, salió a bancar al Gobierno provincial. El alcalde habló de «presiones».

«Ante las presiones recibidas de Bianco y Lorenzino para cerrar los espacios de primera infancia, les cuento que son dispositivos sociales municipales no educativos, que dan estimulación y alimento a muchos chicos en barrios populares en cumplimiento de la ley 13.298», sostuvo Valenzuela.

«No sabía que el Defensor del Pueblo respondía a las directivas del gobierno provincial. Su intervención es un acto de imparcialidad en el ejercicio de su tarea. Si la Provincia pretende obligarnos a cerrar, vamos a hacer una presentación judicial para seguir funcionando», añadió.

Para la bancada de Juntos por el Cambio Lorenzino directamente perdió la “autonomía e independencia funcional” que exige la ley provincial 13.834, que crea la figura del Defensor del Pueblo bonaerense, y por ese motivo exigen que se sopese avanzar en un “cese de sus funciones”.

Los senadores se amparan en los artículos 4,6, y 12 de la norma que plantean que “el Defensor del Pueblo cesará en sus funciones” por “notoria negligencia en sus deberes” o por haber incurrido “en una de las situaciones de incompatibilidad”, entre las que se encuentra la “actividad partidaria”.

«El pedido de informes es el mecanismo habitual que utiliza la Defensoría del Pueblo cuando nos llega una denuncia o para sacarnos alguna duda y es lo primero que hacemos para vincularnos con los municipios, organismos nacionales o provinciales, empresas, etc. Una vez que nos responden y con otros elementos tomamos nuestra decisión de hacer una denuncia, una recomendación o no hacer nada», contó el propio Lorenzino ante la consulta de Informe Político.

Y agregó: «Eso fue lo que hicimos con el pedido de informes al Intendente Valenzuela y todavía no nos contestó. Todas las semanas hacemos pedidos de informes a diferentes organismos, ministerios, municipios, empresas y nunca fue tomado como un abuso de autoridad o un apriete».

En efecto, la solicitud de explicaciones a un municipio u organismo gubernamental, entre otros, es parte de la función habitual del defensor del Pueblo y de cada uno de sus delegados. Sin embargo el recrudecimiento de las diferencias a partir de la suspensión de las clases presenciales también lo colocan a Lorenzino en el centro de la polémica.

Cabe recordar que Lorenzino asumió en el cargo en 2017, tras un acuerdo entre intendentes peronistas y la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal, quien negoció con los jefes comunales la aprobación de su presupuesto con la designación del exdiputado provincial al frente del área. Su mandato vence en enero de 2022 y, tal como adelantaba Informe Político días atrás, no está definida ni su continuidad ni su posible reemplazo.

Defensoría del Pueblo bonaerense: Lorenzino busca ganar tiempo para quedarse en el cargo

Desde el entorno adelantaban por entonces que era muy posible que el vidalismo pretendiera una «devolución de gentilezas» con el nombramiento de su sucesor. Los últimos acontecimientos parecen precipitar esa posibilidad.

Otras fuentes consultadas por Informe Político también confirman un cambio de «actitud» principalmente en los últimos seis meses pero, también, desde el inicio de la administración del Frente de Todos. «Hay cosas que no se hacen más en la Defensoría, como el relevamiento de precios en supermercados, o los comunicados en contra del aumento de nafta», confiesan, quienes entienden que Lorenzino «partidizó», en parte, el rol del Defensor.

 

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