Este jueves la provincia de Buenos Aires también transformó en ley el proyecto impulsado por el gobernador Axel Kicillof para declarar la emergencia económica, social, productiva y energética en el territorio bonaerense, por el plazo de un año. La negociación en el Senado, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría, implicó numerosos cambios al proyecto original.
La legislatura bonaerense también vivió este jueves una sesión maratónica, en sintonía con la Cámara de Diputados de la Nación, logrando votar el proyecto casi a la medianoche. Finalmente los cuatro proyectos enviados por el Poder Ejecutivo se fusionaron en uno que contiene las emergencias de Seguridad, Infraestructura y Administrativa. También se aprobó la prórroga del presupuesto 2019 y se autorizó al gobierno a tomar deuda por 74 mil millones de pesos para cumplir con las obligaciones provinciales.
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La aprobación requirió de negociaciones previas entre Kicillof y la ex gobernadora María Eugenia Vidal, en la que se acordaron cambios como la reducción de la emergencia sólo a un año (el proyecto original contemplaba dos), la creación de un fondo de infraestructura de dos mil millones de pesos para los municipios y la limitación de los poderes del Ejecutivo para reasignar partidas. La oposición vidalista además reclamaba puestos clave en organismos provinciales (Tesorería, Contaduría General y Defensoría del Pueblo, además de bancas en el directorio del Banco Provincia), pero la negociación quedó abierta, aprobándose sólo la propuesta de Kicillof de nombrar a Juan Cuattrommo como presidente del banco provincial.
En el Senado, donde Juntos por el Cambio cuenta con mayoría, se presionó por una serie de modificaciones a los proyectos originales pero el legislador del Frente de Todos Marcelo Feliú reconoció que la oposición “entendió que debía colaborar con la gestión que ha sido legitimada por la mayoría del pueblo bonaerense”.
Con la aprobación de las emergencias, Kicillof tendrá facultades para renegociar la deuda provincial, rescindir contratos de obras de vialidad y de infraestructura, suspender aumentos de tarifas y concesiones en servicios públicos, agilizar transferencias de fondos y concretar compras de alimentos. Además de suspender los aumentos de tarifas por 180 días, el proyecto también habilita al gobernador a revisar el marco regulatorio del servicio eléctrico. También se congelan las tarifas del transporte público.
