En el marco de la causa que indaga la existencia de una posible asociación ilícita para quitarle el grupo Indalo a Cristóbal López y Fabián De Sousa, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia confirmaron el peritaje de llamadas de Mauricio Macri y varios de los integrantes de la denominada «Mesa Judicial».
No obstante, los camaristas a su vez le recomendaron a la jueza María Romilda Servini que dicte una nueva resolución donde acote los períodos en que debe hacer el entrecruzamiento de los teléfonos del ex presidente y su entorno de ex funcionarios, que habrían integrado un grupo dedicado presuntamente a seguir de cerca los movimientos de la Justicia.
De este modo, Servini, de acuerdo a la Cámara, debe volver a expedirse “limitando los alcances de las medidas de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos -a su modo de ver- relevantes según la hipótesis fijada en el caso”.
También se encomendó que “se deberá asegurar allí que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias (elaboración de los listados de llamados de los abonados individualizados), esa información sea recibida únicamente por el juzgado, para que la directora del proceso esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo –imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.
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Vale recordar que Servini había ordenado un peritaje sobre todas las llamadas entre Macri y otros funcionarios entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019 pero el ex mandatario apeló la decisión. Por eso, los camaristas resolvieron anular el peritaje más abarcativo y limitar su alcance.
