La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó en la causa que indaga la compra de un edificio en 2013 por 43,8 millones de pesos.
La Justicia sospecha que la licitación, firmada por la propia Gils Carbó, por la que se compró el edificio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires fue digitada en beneficio de aquellos que cobraron una comisión por la operación. Además, para adquirir el inmueble, previamente se dio de baja una licitación que había sido tramitada antes de la llegada de la actual ex funcionaria a la Procuración.
Los camaristas, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, en su decisión así lo señalan: «La procuradora requería de un edificio que cubriese otras expectativas. Se reclamaba que se tratase de un edificio de uso exclusivo, que contará con cocheras, un recinto para reuniones, incluso, una bóveda. Todos estos serán aspectos novedosos, que escapaban de los requerimientos de las tres licitaciones anteriores y, también, de las mismas necesidades de las áreas de la Procuración que, en un comienzo, ahí se iban instalar».
«Como el mismo a quo (el juez Ercolini) interroga en su resolución, carecía de todo asidero la necesidad de exclusividad del edificio o de la imperiosa identificación de su fachada cuando no iba a albergar dependencias en las cuales funcionarían fiscalías con asidua concurrencia pública-testigos e imputados-, sino solo áreas administrativas de la Procuración. Ese mismo uso, también impedía comprender la demanda de un espacio de custodia de tamaña seguridad, como lo es un tesoro y que, justamente, la casualidad del destino hizo que el edificio de Perón 667 si detentara, pues había sido aprobado para funcionar como entidad bancaria por el Banco Central de la República Argentina», añade el fallo.
Bruglia y Llorens se refirieron al precio de compra del inmueble: «El único aspecto que podía ya alejar a la procuradora de su meta era uno solo. Objetivo e incontrastable, el precio era el último eslabón para que los papeles respaldaran a la elección que antecediera el trámite licitatorio. Es aquí en donde entraría jugar Guillermo Bellingi y su hermano Juan Carlos Thill». «El monto de la operación, es cierto, se mantuvo dentro de un rango de razonabilidad, pero ello como garantía de indiscutible adjudicación», agregaron.
Los camaristas concluyeron: «En definitiva, no solo se trataba de adquirir un inmueble con bóveda, cochera y auditorio. Debía ser un edificio señorial; de época… En ese marco, a los pocos competidores que las primeras exigencias imponían, las últimas terminaban por eclipsar. Así, se eliminaban los rivales que podían disputar la licitación al inmueble de Juan Domingo Perón 667».
