La Cámara Federal de La Plata volvió a negarle a Darío Nieto, ex secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, el pedido de eximición de prisión que presentó luego ser citado a prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Lomas de Zamora, en el marco de la causa que investiga una serie de operaciones de espionaje ilegal realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la administración nacional de Cambiemos.
Nieto no está detenido ni la decisión de la Cámara platense implica que vaya a dictarse su captura inmediatamente, sino que apenas se trata de una medida que busca garantizar su presencia en la indagatoria convocada pedida la semana pasada por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, finalmente avalada por el juez Juan Pablo Augé.
Espionaje ilegal: Excarcelan a Susana Martinengo, la ex secretaria de Macri
Según los fiscales, Nieto actuaba como jefe de Susana Martinengo, la ex coordinadora de documentación presidencial en Casa Rosada, durante el gobierno de Mauricio Macri, de quien consideran probado que recibía informes de los espías de de la AFI que integraban el grupo llamado “Super Mario Bros”. Según la investigación, Nieto habría recibió de ella al menos los “informes vinculados a la comunidad mapuche y a las manifestaciones frente al proyecto de ley de movilidad jubilatoria” que realizaron frente al Congreso. En el informe de los fiscales se considera a Martinengo como un “canal subsidiario” para la “transmisión de información producida en violación a la ley de inteligencia por dos de los agentes imputados, que la visitaban” (por Jorge “el Turco» Sáez y Leandro Araque).
La Cámara Federal rechazó el nuevo pedido de eximición de prisión de Nieto, por considerar que el ex secretario de Macri podría entorpecer la investigación en libertad y por las distintas actitudes que tomó durante la intervención judicial. Entre ellas: “La actitud adoptada por el requirente al momento de ser abordado por el personal policial en el marco de un procedimiento ordenado en la causa principal, oportunidad en la que se habría encerrado en su automóvil después de increpar al personal policial y habría manipulado su teléfono celular con la posibilidad de borrar información útil para la investigación”.
Los camaristas Roberto Lemos Arias y Cesar Alvarez también destacaron la gravedad de los delitos investigados, llevados adelante por una “organización criminal con inserción en el Estado nacional, provincial y local, cuyos integrantes, cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las fuerzas de seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones”.
Por ello resolvieron: “A los fines de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, pueden imponerse ciertas restricciones a la libertad ambulatoria del imputado, con el propósito de asegurar su presencia en los actos del proceso y evitar un entorpecimiento de la investigaciones. Esto, con carácter transitorio, como medida cautelar y en la medida que resulte razonable”.
