Diputados de la Coalición Cívica anticiparon que presentarán una denuncia contra el Presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por lo que consideran un “un avasallamiento al Poder Judicial que altera el orden constitucional”, después de que el Senado revisara los pliegos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (que deberán retornar a sus tribunales federales originales), y de Germán Castelli (que debe volver a su Tribunal Oral Federal de La Plata de origen) y de que la decisión de la Cámara alta fuera confirmada por un decreto presidencial.
La denuncia que la CC presentará ante el juez Sebastián Casanello sostiene que “el Poder Ejecutivo nacional y un conjunto de senadores de la nación, junto a la Vicepresidenta de la Nación en su carácter de presidenta de dicho cuerpo, realizaron un procedimiento manifiestamente ilegal que culminó con el desplazamiento de tres jueces federales, evidenciando una remoción ‘encubierta’”.
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Luego sostiene que el procedimiento llevado adelante tanto por el Consejo de la Magistratura como por el Senado de la Nación “resulta ilegal” y “configura un avasallamiento institucional”. Como argumento recuerda que la Corte Suprema se expresó respecto de la situación de los traslados de magistrados mediante las acordadas N° 4/2018 y 7/2018 “donde distinguió aquellos casos en los que efectivamente se requiere un nuevo acuerdo del Senado de aquellos en donde dicho procedimiento no es necesario”. Según afirman, en de Bertuzzi, Bruglia y Castelli no era necesario “iniciar un nuevo procedimiento de designación”.
La denuncia del partido encabezado por Elisa Carrió también sostiene que los tres jueces “fueron designados en sus cargos actuales mediante decretos que se encuentran firmes y consentidos”. Por esto, se concluye que los magistrados “deben permanecer en sus cargos mientras dure su buena conducta, sin ningún tipo de interferencia por parte de los otros poderes del Estado; y, eventualmente, solo podrán ser removidos mediante el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados”.
“En conclusión, pareciera evidente que, en rigor, lo que se pretende es remover a aquellos magistrados que dictan sentencias contrarias a los deseos de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de garantizar su impunidad”, concluye la denuncia.
