Miranda Ruiz, la médica detenida durante horas por practicar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Tartagal, Salta, aseguró que «fue una práctica médica absolutamente legal y la paciente no tuvo derecho a su confidencialidad», a la vez que agradeció el apoyo recibido.
En primer lugar, la doctora explicó que se la acusa de «obligar a la paciente a abortar», mientras que «no hay ningún fundamento médico posible» dado que la interrupción se realiza bajo un «régimen autoadministrado de pastillas».
«Que alguien me explique cómo hago yo como médica para obligar a una paciente a tener media hora las pastillas debajo de la lengua y que las trague durante tres horas hasta una expulsión», replicó.
En la misma línea, Ruiz remarcó que la denuncia no fue realizada por la paciente en cuestión sino por un familiar y consideró que «los familiares fueron utilizados políticamente por un sector de la sociedad que está militando en contra de la ley de aborto».
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Sobre la causa judicial, la médica indicó que se trata de un caso de lawfare al que calificó de «desopilante» y «surrealista» ya que todo comenzó a partir de la mediatización de una información falsa que circuló en medios de comunicación: «Se quiso generar un clima de animosidad contra mí nombrándome en los medios locales, acusándome de delitos que yo no cometí», indicó.
«Solamente tenían la intención de persuadirme a mí y a la paciente, luego de castigarnos, por haber cumplido con la ley», agregó sobre la causa que se encaminó sin pruebas, sin investigación previa y a partir de la denuncia de una familiar de la paciente. Según la ley, la única persona autorizada a denunciar en estos casos es la persona intervenida.
https://twitter.com/PorAbortoLegal/status/1434321744530137095
Miranda Ruiz, a su vez, entiende esto como un mensaje para amenazarla y disciplinarla. En relación a lo anterior contó: «En octubre del año pasado, yo denuncié penalmente a un ginecólogo del hospital por abusar de una menor en contexto de que esa persona le solicita un aborto en su medio privado y el señor le dice: ‘o me das 20 mil pesos o tenés sexo conmigo tres veces por semana'».
Ante la inacción de la justicia dado que el hombre continúa en su cargo desde octubre del año pasado, la médica junto a cuatro profesionales presentaron «una carta administrativa por mesa de entrada contando la situación». «El abogado de ese señor es el abogado de la familiar que me acusa», concluyó Ruiz dejando entrever que ese sería el verdadero motivo de la denuncia.
