El fiscal Juan García Elorrio pidió este jueves aplicar una condena de cuatro años y cuatro meses de prisión a los dueños del Grupo Indalo Cristóbal López y Fabián De Sousa, y de 4 años y ocho meses de prisión al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, en el juicio oral conocido como “Oil Combustibles”.
García Elorrio los acusó de «defraudación en perjuicio de la administración pública» y en ese contexto pidió que Echegaray sea condenado además a la inhibición perpetua para ejercer cargos públicos y al decomiso de bienes de López y De Sousa.
El juicio comenzó en junio de 2019 en los tribunales federales de Comodoro Py, pero sufrió interrupciones durante la pandemia y luego fue reanudado de manera virtual. En tanto, el alegato del fiscal se extendió a lo largo de cuatro audiencias, en las que valoró la prueba acumulada en el expediente, destacó declaraciones testimoniales e informes de auditorías externas sobre los balances de las empresas del Grupo Indalo.
En la misma línea, consideró que López y De Sousa fueron partícipes necesarios del delito al no pagarle los impuestos al fisco, mientras que Echegaray fue considerado coautor, e insistió en que no se trata de una maniobra de evasión fiscal, sino de un hecho de corrupción.
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Al pronunciar su alegato, García Elorrio consideró que la evasión del impuesto generaba una deuda que Oil incluía en planes de facilidades de pago, con la anuencia de Echegaray en la AFIP. Del mismo modo, el fiscal explicó que la deuda se incrementó exponencialmente entre 2011 y 2016, pasando de poco más de 150 millones de pesos a casi seis mil.
Del mismo modo, el fiscal cuantificó la deuda del grupo empresario en unos 5.900 millones de pesos, unos dos mil millones menos que los ocho mil por los que fueron originalmente imputados.
Por su parte, los empresarios sostienen que esa deuda estaba documentada y los planes de pago se estaban cumpliendo rigurosamente hasta que, con el cambio de autoridades de la AFIP, fueron dejados de lado para impulsar una causa penal en su contra.
Para concluir, el fiscal replicó que Oil Combustibles era la empresa recaudadora del Grupo Indalo para financiar nuevas inversiones a través de la evasión del impuesto a los combustibles, «que no se pagaba en tiempo y forma».
Ahora resta la etapa de alegatos de los acusados y, una vez culminada, el Tribunal Oral Federal 3 quedará en condiciones de deliberar y dictar una sentencia. El destino del caso está en manos de los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Feliciano Ríos.
