La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, declaró la nulidad de la intervención del Partido Justicialista Distrito Salta, por considerarla arbitraria y sin competencia legal. El 24 de febrero pasado, el Consejo Nacional del PJ había intervenido el partido salteño, desplazado a Esteban Amat Lacrox y puesto a Sergio Berni y María Luz Alonso como encargados de “ordenar” la conducción del Partido Justicialista en esa provincia.
La juez Servini consideró ahora que la decisión del órgano nacional fue arbitraria, sin causa justa ni competencia legal porque solo el Congreso Nacional del partido está habilitado para disponer una medida de ese tipo. “No se advierte en el análisis hecho por el Consejo Nacional Federal la existencia de anormalidades institucionales ni incumplimientos legales que justifiquen una intervención”, sostuvo el dictamen.
“Resulta evidente que no se advierten conflictos o anormalidades institucionales en el distrito Salta que justifiquen una intervención”, agregó la resolución teniendo en cuenta los alegatos presentados por Amat Lacroix en carácter de presidente electo del PJ salteño.
A partir de este dictamen, se restituyó a las autoridades partidarias salteñas elegidas en 2023 para el período 2023-2027, y se notificó al Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia para garantizar su cumplimiento.
Los alegatos también señalaban que desde la asunción de la gestión de las autoridades locales del Partido, el día 10 de abril de 2023, se cumplieron con “todas las obligaciones que imponen las Leyes Nº 23.298, Nº26.571 y Nº 26.215, así como las establecidas en las Cartas Orgánicas nacional y de distrito, manteniendo cuentas ordenadas, además de demostrar intensa actividad política y social por parte de los órganos partidarios”.
Las autoridades electas sostuvieron que se realizaron reuniones periódicas del Consejo Provincial y del Congreso “con amplia participación de los representantes de todos los departamentos de la Provincia de Salta”.
Además, habían señalado que la intervención tenía como causa real “ amedrentar a las autoridades partidarias provinciales que acompañaron a la lista opositora en el proceso electoral partidario nacional y por otra tomar el control de los partidos políticos distritales para desplazar sus autoridades legítimas y que sea una persona designada como
interventor desde Buenos Aires quien suscriba las alianzas transitorias y designe “a dedo” los candidatos que correspondan al Distrito”.
