El próximo lunes no será transmitida en vivo la indagatoria de Cristina Kirchner, algo que solicitó ante el Tribunal Oral Federal 2, por decisión judicial. De este modo, el proceso jurídico se desarrollará en privado, sin cámaras.
En el expediente, en el cual se indagan supuestas irregularidades en la concesión de obra pública durante el kirchnerismo, la vicepresidenta electa se encuentra acusada de ser la jefa de una supuesta asociación ilícita que desde el Estado le habría asignado de manera presuntamente irregular un total de 52 obras públicas a las empresas de poseía Lázaro Báez para ser desarrollada en la provincia de Santa Cruz.
Además de la ex mandataria, están involucrados en este expediente el ex ministro de Planificación Federal Julio, el ex secretario de Obras Públicas José López y funcionarios de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz.
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De acuerdo a la denuncia original, las empresas de Báez recibieron contratos cuando no tenían capacidad para llevarlas adelante. La acusación habla de un “incumplimiento sistemático, reiterado y permanente” ya que de las 51 obras solo dos se terminaron en el plazo previsto y de las restantes 49, 25 no fueron finalizadas y las que culminaron tuvieron ampliaciones de plazos y costos.
Para la Fiscalía, el gobierno de Kirchner realizó maniobras legales, como decretos, resoluciones del ministerio de Planificación Federal y de la Dirección de Vialidad Nacional, para que las firmas de Báez obtuvieran importantes contratos.
El empresario, en tanto, negó los cargos imputados y aludió a una “encerrona” armada en su contra para que se convirtiera en arrepentido e involucrara a la familia Kirchner en los delitos de lavado de activos por los que ahora está preso y es juzgado.
