En una nueva sesión ordinaria, la Legislatura porteña trató distintos temas relacionados a la Emergencia Sanitaria, como un DNU que promulgó el jefe de Gobierno, una declaración de reconocimiento al trabajo de los equipos de salud y el repudio a algunas manifestaciones discriminatorias o agresiones contra ese personal.
El tema original a tratar era el proyecto de Emergencia Económica pero ante los cuestionamientos de la oposición el oficialismo decidió postergar el debate. En la jornada parlamentaria, llevada a cabo en el Salón Dorado con las medidas sanitarias correspondientes para prevenir contagios, entonces se aprobaron proyectos vinculados a la situación de los niños y adolescentes que están siendo afectados por la prolongación del aislamiento domiciliario y de los pequeños comerciantes o trabajadores autónomos con actividades limitadas a sus barrios.
Vamos Juntos pidió que se impida la publicidad de medicamentos que induce a la automedicación e hizo pública su “enorme preocupación” por la liberación de presos con condenas.
El Frente de Todos, Gen, Consenso Federal y el FIT habían presentado diferentes proyectos de resolución para girar pedidos de informes al Poder Ejecutivo referidos a la compras recientes de insumos médicos. Finalmente se consensuó un texto que fue aprobado por el cuerpo parlamentario.
El jefe del bloque Vamos Junto, Diego García Vilas, al explicar en la sesión el voto positivo al pedido de informes enfatizó que “desde el Gobierno y desde este bloque no tenemos nada que ocultar” y señaló que le parecía correcto que la Jefatura de Gobierno diera todos las explicaciones pertinentes, como ya lo había hecho ante la opinión pública. Destacó, además, que el Gobierno “tomó medidas” y que “hay una denuncia penal en curso”.
El requerimiento legislativo refiere a la Resolución N° 115/SSASS/2020 y al expediente electrónico N° 2020–10979743-GCABA-DGABS. Se pide al Ejecutivo que informe el listado de licitaciones y/o compras directas, cuántas empresas presentaron oferta para la compra del material sanitario, criterios utilizados para la adquisición del material sanitario y varias preguntas específicas sobre la adquisición de barbijos, sus cotizaciones, calidades y necesidades técnicas requeridas.
Con respecto al DNU del Ejecutivo, los legisladores prestaron su conformidad. En este caso, la norma convalidada es la que suspende “por 60 días corridos los plazos previstos en la Ley N° 1.217 de procedimiento de faltas, excepto para el exclusivo caso de los procedimientos que se refieran a las presuntas faltas previstas en los artículos 1.2.4, 5.1.5 y 6.1.42, de la Ley N° 451 y cometidas durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
“No obstante la suspensión de plazos establecida -aclara la propia norma- el presunto infractor podrá requerir la intervención de la Unidad Administrativa de Control de Faltas a efectuar su descargo». Al tal fin, “establécese que la Subsecretaría de Justicia arbitrará las medidas pertinentes para cumplimiento a lo dispuesto, pudiendo disponer que las Unidades Administrativas de Control de Faltas presten servicios de forma remota no presencial”.
Asimismo, los diputados por unanimidad y en base a propuestas luego consensuadas de los bloques VJ y UCR-Ev, manifestaron el “beneplácito por la intensa labor desempeñada por el equipo de salud de la Ciudad, haciéndolo extensivo a todo el país, en el marco de la pandemia en relación al Covid 19”.
