Este jueves el Gobierno nacional lanzará una moratoria fiscal para PyMEs y monotributistas, que incluirá una quita de hasta 42% en los intereses sobre lo adeudado, condonaciones de multas y planes de pago hasta diez años. También se publicó un decreto para aumentar los beneficios fiscales para quienes repatríen bienes desde el exterior, que les permitiría no pagar la alícuota del impuesto si invierten el dinero.
La moratoria será presentada este jueves a partir de las 11 en conferencia de prensa por el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y la titular de la AFIP Mercedes Marcó Del Pont. La misma establecerá una quita promedio de 42% sobre las deudas acumuladas en los últimos años, lo que será particularmente beneficioso para el sector empresarial PyME, uno de los más golpeados por la política económica de Cambiemos (durante la gestión de Mauricio Macri cerraron cerca de 25 mil pequeñas empresas), atenazado por el aumento de los costos productivos y el desplome de las ventas en el mercado interno por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
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La moratoria forma parte del programa de recuperación integral del sector, que ya había anticipado el Gobierno en la Ley de Solidaridad Social y apunta a darle tiempo a las empresas para mantener su producción mientras se recupera la producción y se fortalece el mercado interno. Durante el primer año, la tasa de interés será de un 3% mensual, para luego pasar a ser variable, por Badlar (en los planes de pago vigentes, sin quita, la tasa era de 2,5%). Se establecerán planes de pago en hasta 120 cuotas para obligaciones tributarias y aduaneras y de 60 para deudas por aportes y retenciones. La inscripción a la moratoria comenzará el 17 de febrero y se extenderá hasta el 30 de abril.
También en el marco de la Ley de Solidaridad Social, el Gobierno decidió expandir los beneficios fiscales para los que decidan repatriar bienes del exterior (divisas, participaciones societarias o acciones, bonos soberanos o corporativos y fondos comunes de inversión), ofreciendo la posibilidad de no pagar la alícuota de Bienes Personales si invierten ese dinero, con el fin de “permitir el desarrollo del mercado financiero y la reactivación de la economía real”. La decisión se confirmó con el Decreto 116/2020 publicada este jueves en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández.
