La Legislatura aprobó, en segunda lectura, una ley para modificar y aclarar los alcances de la Ley N° 5.728 en relación a la concesión de la prestación de los distintos servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado y autorizar el uso de determinados predios de la Ciudad para destinarlos a playa de remisión para los vehículos en infracción.
La aprobación en primera lectura fue judicializada y en este caso el oficialismo argumentó que el objetivo es mejorar el servicio público de estacionamiento regulado en la Ciudad y la administración del uso del espacio público, el ordenamiento del tránsito, la fluidez vehicular y la seguridad vial.
El proyecto impulsado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, aclara que las playas de remisión de vehículos en infracción son del dominio de la Ciudad y que «los concesionarios no tendrán sobre los predios ningún tipo de derecho, privilegio o usufructo alguno y no podrán disponer de ellos ya que los mismos no forman parte de la concesión». La iniciativa tuvo despacho de las Comisiones de Tránsito y Transporte y de Planeamiento Urbano y resultó aprobada con 32 votos positivos, unicamente del bloque Vamos Juntos.
La diputada Cristina Garcia (VJ), presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte destacó como miembro informante del proyecto que la concesión es estrictamente sobre el servicio público y no sobre los bienes inmuebles. «Los predios son meramente una herramienta para permitir el funcionamiento del estacionamiento regulado», sostuvo. Afirmó que «insistimos en esta ley porque hoy estamos con un contrato que es de la década del ´90» remarcando que actualmente hay un proceso de licitación en marcha que no tiene adjudicación. Finalmente aseguró que el sistema de estacionamiento regulado «permitirá ordenar el uso del espacio público y mejorar la convivencia de los vecinos todos los días».
Por su parte, el diputado Marcelo Depierro (MC) argumentó que «no cambió absolutamente nada en el proyecto (respecto a la primera lectura) y el fallo en la justicia sigue vigente. Plantear que la ciudad va a permanecer con la propiedad de los predios no suma nada al proyecto de ley y no anula los vicios que pueda llegar a tener esta concesión». El diputado Patricio del Corro (PTS) descalificó la iniciativa considerando que «las playas de estacionamiento las pone la ciudad, los trabajadores también y las ganancias se la lleva el privado. Esta ley está viciada de nulidad porque requiere 40 votos».
También manifestó su oposición el diputado Sergio Abrevaya (GEN): «Son 120 mil espacios a regular y por lo tanto no se trata de ordenar el tránsito sino de cobrarle a la gente». Y el diputado Marcelo Guouman (Evolución) anticipó el voto negativo de su bloque al fundamentar que «es inconstitucional y que las modificaciones no fueron suficientes».
Finalmente, la diputada Paula Penacca (UC) apuntó: «Esto vuelve a darle un negocio a un privado que están teniendo ganancias extraordinarias. Debería ser un servicio que lo preste el Estado con el objetivo real del ordenamiento de tránsito y no el recaudatorio».