El Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta confirmó este fin de semana que no participará de la reunión que convocó el Gobierno nacional para tratar la reasignación de fondos para el sostenimiento de la Policía de la Ciudad. En una carta dirigida al ministro de Economía Martín Guzmán y al de Interior Eduardo “Wado” De Pedro justificó su ausencia explicando que no puede participar de estas negociaciones ya que tiene planteado ante la Justicia un recurso por la presunta inconstitucionalidad del recorte de coparticipación para la Ciudad. Los legisladores porteños del Frente de Todos hicieron público un comunicado en el que manifiestan su esperanza de que Larreta «revise esta decisión incomprensible y vuelva al camino de la racionalidad y el diálogo democrático”.
Si bien la reasignación de fondos para la Policía de la Ciudad se aprobó por la ley 27.606 de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad, promulgada el pasado 28 de diciembre, el Gobierno había invitado a Larreta a Casa Rosada para discutir las necesidades financieras de la Policía durante 2021 y “definir los lineamientos del proceso de diálogo entre ambas jurisdicciones, así como la conformación de los equipos técnicos pertinentes”.
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Pero el Jefe de Gobierno porteño respondió a la misiva de Guzmán y De Pedro confirmando que “nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta según lo establecido por el artículo 2 de esta ley ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma”. Luego afirma que Ciudad siempre “ha impulsado el diálogo y la concertación como mecanismos para lograr consensos” pero que en esta ocasión “los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta Ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover”.
En su carta, Larreta sostiene que la ley aprobada por el Congreso “viola manifiestamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ya que la firma del convenio de traspaso de la Policía Federal llevada a cabo en 2016 era suficiente para consolidar la transferencia de facultades y funciones de seguridad sin necesidad de una norma adicional”. Y denuncia que “la invitación al acuerdo dentro de un plazo de 60 días es un simulacro que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede ni debe convalidar. No sólo porque ya se había firmado un convenio con el Gobierno Nacional y se estaba ejecutando sino porque, incluso si se hubiesen querido modificar las condiciones establecidas, la negociación debió ser previa y consensuada para luego, en caso de acuerdo, solicitar la aprobación legislativa”.
Y concluye: “Nos vemos obligados a no convalidar con nuestra presencia la ejecución de una ley que, como hemos planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mismo día en que fue publicada, es inconstitucional y daña a las instituciones democráticas de nuestro país. Esperamos encontrar una alternativa a través de un diálogo abierto, sincero y de buena fe, como el que hemos promovido desde el primer día para resolver cualquier diferencia. Y siempre en un marco de legalidad, transparencia e institucionalidad que, según nuestras convicciones, son valores fundamentales”.
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El Bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña manifestó su “más profunda preocupación, frente al inexplicable rechazo efectuado por el Ejecutivo Porteño a la convocatoria al diálogo llevada adelante por el Poder Ejecutivo Nacional”. Al respecto, consideraron que Larreta “insiste en transformar un tema estrictamente institucional -ordenar definitivamente el marco de la transferencia de la Policía Federal efectuada en 2016 de forma defectuosa por Mauricio Macri- en un conflicto político. De esta forma, nos impide a los porteños y porteñas alcanzar un acuerdo permanente y con fuerza de ley, que defina las partidas presupuestarias correspondientes a dicha transferencia”.
Al respecto, aseguran que el hecho de que estén corriendo denuncias judiciales sobre el tema no constituye ningún “fundamento válido para el rechazo al diálogo” ya que “en modo alguno ha existido condicionamiento para dicha convocatoria, ni implica renuncia alguna a la acción judicial”. En ese sentido, los legisladores manifestaron su esperanza de que “el Jefe de Gobierno revise esta decisión incomprensible y vuelva al camino de la racionalidad y el diálogo democrático”.
