El 15 de abril es el plazo que fijó el fallo de la Corte Suprema para volver a la composición que el organismo tenía hace 15 años. Semana clave en el Senado.
En un 2022 que tuvo llamado a sesiones extraordinarias, sin que se haya efectuado una sola reunión en febrero y con marzo atravesado por el debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la agenda urgente pasa por el órgano que regula la actividad del Poder Judicial.
En diciembre un fallo del máximo tribunal de justicia del país indicó que la ley que modificó la composición del Consejo de la Magistratura, llevando de 20 a 13 miembros su cantidad, era inconstitucional.
Por eso, ahora el Congreso debe aprobar una nueva ley que modifique ese número y reduzca su representación política o, en su defecto, el organismo volverá a la integración que tenía hace más de veinte años, que incluía al presidente del máximo tribunal al frente del Consejo.
Alberto Lugones, al frente del organismo dijo que al 15 de abril «no se llega con ninguna de esas dos opciones».
En esta pulseada de varios actores se juega mucho más que la representación y cuotas de poder dentro del ámbito dónde se eligen jueces federales y donde, eventualmente, se decide su suspensión o remoción.
Hay, además, un aspecto económico, que se traduce en un presupuesto millonario.
La actual oposición quiere ganar terreno en el sector. Fueron parte necesaria cuando eran oficialismo con Mauricio Macri de presidente, de todo tipo de maniobras para disponer del lugar de magistrados que no le eran afines.
La Corte, responsable de este descalabro y legislando de facto, también atiende su propio juego.
Ahora, al filo del tiempo límite, se advierte que el Consejo de la Magistratura «quedará paralizado», y que de no retornar a la composición que regía hace más de 15 años, con los 20 miembros frente a los 13 actuales, todos sus actos serán nulos.
Como remedio transitorio, en el Consejo con Lugones a la cabeza, se está armando un «reglamento especial» que permita el normal funcionamiento. Hay una idea de hacer una votación el lunes 11 de abril, o el miércoles 13, para aprobar esta salida.
La idea es atravesar la emergencia y el período de transición para aquellas actividades del organismo que no pueden parar: pagar todos los sueldos del Poder Judicial, los servicios, alquileres, insumos y licitaciones en marcha. Para la etapa de «normalización» quedarán los concursos y los procesos disciplinarios y de acusación.
Para Lugones, según le relató al diario Página/12, «el mejor escenario sería que se legisle, pero no sabemos si va a suceder. La Corte Suprema no puede ni debe hacer nada más, no puede ni siquiera estirar plazos. Si no hubieran fijado los 120 días y se indicaba una nueva ley, no teníamos este problema».
Hace dos semanas las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado aprobaron como dictamen de mayoría el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo para reformar el Consejo y llevarlo a 17 miembros, con un criterio de paridad de género pero sin ningún integrante de la Corte Suprema.
El punto de la presencia de miembros de la Corte de es el eje del conflicto entre el oficialismo y la oposición. En un momento parecía que el acuerdo estaba listo, pero el rionegrino Alberto Weretilneck planteó diferencias y todo se estancó.
Luego se consensuó un nuevo dictamen, que introdujo un criterio federal en la elección de consejeros, a pedido del rionegrino. Por eso, hasta el miércoles próximo no habrá tratamiento.
Así y todo, no puede descartarse que haya más modificaciones en el debate.
Por eso, hay pocas chances que en Diputados pueda votarse antes del 15 y luego vendrá Semana Santa: la casa no parece que vaya a estar en orden.
Para aprobar este proyecto se necesita la mitad más uno: 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara Baja. Pero en Diputados todo es más complejo: el oficialismo tiene 117 votos propios más 5 aliados. Necesita negociar con el Interbloque Identidad Bonaerense, que comanda Alejandro «Topo» Rodríguez, pero con el liderazgo en este asunto de Graciela Camaño quien, además, integra el Consejo de la Magistratura y allí coincide con el oficialismo en numerosas oportunidades.
Juntos por el Cambio quiere volver a la antigua ley y que el presidente de la Corte esté en la presidencia del cuerpo. Camaño, en cambio, está dispuesta a negociar una salida alternativa. “Voy a ver como sale la ley del Senado y voy a participar del tratamiento. En mi opinión, la Corte Suprema debe ser parte del Consejo pero no creo que lo deba presidir, a diferencia de lo que plantea Cambiemos. Me baso en la doctrina, la jurisprudencia y la Constitución», dijo la diputada.
El frente judicial aparece en el horizonte tanto o más complicado que el económico. Y en cada partido se juega un fragmento de la batalla final, que se llama 2023.
