El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos del Canje de Argentina emitió un comunicado en el que le pide al Gobierno nacional que cierre un acuerdo con el FMI de manera urgente, un ajuste fiscal y estimó que la inflación de este año será mayor que la estimada por la Casa Rosada.
Según los bonistas que entraron en el último canje de deuda soberana, -entre los que se encuentran los fondos como HBK Investments, Monarch Alternative Capital, Paloma Partners Management, Pharo Management, Redwood Capital Management y VR Capital Group- la inflación de 2021 será del 45% y aseguraron que “el telón de fondo de Argentina debería ser positivo. Con una reestructuración de varias décadas de su carga de deuda externa a bajas tasas de interés, los precios de las materias primas agrícolas cerca de máximos históricos y un repunte natural de la actividad económica desde los mínimos pandémicos, Argentina debería beneficiarse de vientos de cola significativos”.
Pero es necesario finiquitar un entendimiento con el FMI: «Un programa del FMI es la única fuente probable de anclajes políticos y un marco creíble a medio plazo que pueda aportar estabilidad. Sin embargo, el Gobierno parece estar contemplando seriamente la posibilidad de retrasar un acuerdo para tener la libertad de continuar con sus políticas insostenibles aún más tiempo. Con las reservas ya en niveles peligrosamente bajos, tal estrategia equivale a una apuesta temeraria», señalaron.
Además, remarcaron que «la gran tragedia es que la incapacidad de articular una senda política creíble impide la estabilidad y el crecimiento de lo que podría ser una economía competitiva, si tan sólo las autoridades decidieran anclar las políticas económicas en torno a un marco macroeconómico coherente con el apoyo del FMI».
Según los acreedores, los tenedores de bonos «proporcionaron a Argentina u$s 37.000 millones de alivio del flujo de caja con la premisa de que Argentina utilizaría este espacio para aplicar políticas que pudieran reducir el coste del riesgo país. Argentina aún no ha empezado a tomarse en serio los compromisos que adquirió con los acreedores durante las negociaciones de la deuda, y el coste de este fracaso no podría ser más claro».
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E indicaron que «en lugar de orientar la política en una dirección positiva, el Gobierno ha aprovechado en gran medida el respiro como una oportunidad para retrasar decisiones difíciles y continuar con políticas insostenibles».
«Los controles de precios, la congelación de los aranceles y el racionamiento del acceso a las divisas son paliativos a corto plazo que están destinados a fracasar y a acumular mayores problemas en el futuro», alertaron desde el grupo representado legalmente por Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.
