Este martes el presidente Mauricio Macri confirmó el traspaso de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur a la provincia de Buenos Aires, en el marco del plan para reducir el déficit fiscal en el presupuesto 2019, según lo exigido por el FMI. “Le estamos traspasando Edenor y Edesur a la provincia (y Ciudad) de Buenos Aires porque es más justo, porque es la manera de ir equilibrando el gasto estatal para que el Estado no se vuelva una mochila”, explicó.
La decisión de avanzar rápidamente con el traspaso también constituye una señal a los gobernadores, para poder avanzar en las negociaciones del presupuesto antes de fin de año. En este sentido, Macri detalló en declaraciones a Cadena 3: “Hay un reclamo lógico de las provincias sobre los subsidios que recibe la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, porque es cierto por política del gobierno kirchnerista había un gran desfasaje y es por eso que las tarifas han subido más en Buenos Aires que en el interior para que se reconozca el verdadero valor de la energía”.
Según el plan oficial, para lograr la reducción del déficit fiscal requerida por el FMI se deberían recortar unos 300 mil millones de pesos el presupuesto, dos terceras partes de lo que quedará a cargo de Nación y, según espera acordar el oficialismo con los mandatarios provinciales, el resto a cargo de las provincias. Los principales ajustes se producirán en obra pública, construcción de viviendas, salud y ayuda salarial estatal para las cajas docentes.
En los próximos días se concretarán las reuniones con gobernadores y ministros de economía locales para avanzar en estos acuerdos de recorte. En cuanto a los territorios aliados de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Macri propuso transferir a las administraciones de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal el costo de los subsidios al transporte (unos 250 millones de pesos) y el de la tarifa social del agua ($800 millones), además del ya anunciado traspaso de Edenor y Edesur a provincia. Con el resto de los distritos provinciales esperan negociar el costo del Fondo de Incentivo Docente ($20 mil millones), una reducción de obras públicas ($40 mil millones) y una quita de la recaudación por impuestos a la soja ($25 mil millones).
