Este viernes el fiscal Guillermo Marijuán presentó una denuncia contra quienes cortaron durante más de cuatro horas las vías del ferrocarril Roca a la altura de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en el partido bonaerense de Avellaneda, por “violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia”. La protesta generó peligrosas aglomeraciones en la estación de Constitución, constituyéndose en un grave foco de contagios en el marco de la segunda ola de coronavirus que atraviesa nuestro país.
La denuncia de Marijuán sostiene que “este suceso va más allá de la protesta efectuada por ex trabajadores ferroviarios ya que se ha puesto en riesgo la vida de miles y miles de personas, posibilitando las condiciones para el contagio del denominado virus COVID-19”. Y agregó: “En tal sentido, es claro que una manifestación tal como la que aquí se denuncia, en la que no se respeta el distanciamiento social, infringe las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional frente a la emergencia sanitaria declarada frente a la propagación del virus COVID-19”.
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El fiscal destacó que “es importante mencionar que el derecho de los ex trabajadores de ferrocarriles de peticionar ante las autoridades, cede ante esta situación de peligro y exposición aún mayor, que pone en riesgo la vida de cientos de miles de personas que utilizan el servicio diariamente y en forma intempestiva se vieron privadas del servicio”.
Luego detalló que la protesta de los trabajadores ferroviarios por despidos “provocó un caos en la Estación Constitución y que se aglutinara gran cantidad de personas que utilizan el servicio diariamente. El corte se levantó luego de transcurridas unas 5 horas, y ello desencadenó que todas las personas que esperaban para poder viajar en el servicio ferroviario se concentraran en las puertas de la estación Constitución, generándose así una situación propensa para el contagio del virus denominado COVID-19”.
Según Marijuán, los manifestantes violaron el artículo 205 del Código Penal que establece que “será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la propagación de una epidemia”. Y concluyó sugiriendo al juez que “requiera a los diferentes medios televisivos las imágenes que tuvieran en su poder de los acontecimientos antes relatados, ello con el fin de poder identificar a los autores de la interrupción del servicio de ferrocarril”.
