Este martes se confirmó la imputación penal del ex ministro de Energía Juan José Aranguren y otros funcionarios de su área en la causa que investiga presuntas irregularidades en el precio de comercialización del gas que fue dolarizado durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que podría constituir un “presunto desvío funcional, persiguiendo intereses ajenos a aquellos por los que debían velar, habrían incumplido los deberes a su cargo”.
La imputación de Aranguren y otros siete ex funcionarios de área energía fue decidida por el fiscal federal Guillermo Marijuan a partir de la denuncia presentada por el actual titular del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) Federico Bernal. Los otros imputados son: el ex presidente del Enargas Mauricio Ezequiel Roitman, los ex directores del organismo Daniel Alberto Perrone, Carlos Alberto María Casares, Griselda Lambertini y Diego Fernando Guichón, el ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía Marcos Pourteau y la ex gerenta de Legales del Enargas Marcela Paula Valdez.
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El origen de la denuncia se encuentra en la convocatoria oficial realizada por el Gobierno en noviembre de 2017, cuando Energía citó a productores y distribuidores de gas para fijar bases y condiciones de la comercialización de Gas en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PITS), con el objetivo de fijar por dos años precios uniformes y contratos a un tipo de cambio variable en dólares. Según se plantea en la denuncia, ese tipo de contrato fue “inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076 y habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas”.
Luego de la devaluación del peso, en octubre de 2018 la cartera que encabezaba Aranguren buscó variar el valor del tipo de cambio para que fuera pagado por los usuarios en cuotas, con una diferencia a cargo del Estado nacional. Mariján explicó al respecto: “Las propias distribuidoras al momento de exponer sus pretensiones de traslado de diferencias habían propuesto para su recupero un plan de 24 cuotas y el ENARGAS había promovido el traslado al usuario de la variación cambiaria pagadera en 24 cuotas, incumpliendo las obligaciones legales del Ente”.
Con esta dinámica, según se explica en la denuncia, el Estado Nacional habría asumido “el pago de $ 24.524.715.128,43 correspondientes a las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor de gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregado en ese mismo período”.
Aranguren tiene otras causas en la Justicia, siendo una de las más destacadas la denuncia por la compra de gas a la petrolera Shell de Chile, empresa de la que el ex ministro había sido uno de sus CEOs inmediatamente antes de asumir su cargo público en el gobierno de Macri. Por esta causa fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública, lo mismo que la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, aunque luego la Cámara Federal dictó la falta de mérito, por lo que la investigación continúa, solicitando una serie de medidas de prueba adicionales.
