Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, denunció que hay muchos funcionarios de la gestión anterior, a los que definió como “okupas”, que se niegan a abandonar sus cargos en distintos organismos del Estado y que para renunciar exigen doble indemnización.
Respecto de estos funcionarios que pretenden atornillarse a sus cargos, Massa afirmó que son “inmorales” y añadió: “No sólo no renuncian a los cargos a los que llegaron por una decisión política, sino que además piden la doble indemnización que ellos mismos rechazaban cuando estaban en el gobierno” (en referencia al veto que realizó el ex presidente Mauricio Macri a la Ley de Emergencia ocupacional, que preveía la doble indemnización para frenar la oleada de despidos, aprobada por el Congreso en mayo de 2016).
El tigrense confirmó que existen este tipo de “okupas” entre “gerentes de Aerolíneas Argentinas, Anses, Ferrocarriles Argentinos, Pami, Aysa y de otras empresas públicas, que se hacen los distraídos esperando que los echen para pedir que les liquiden la doble indemnización”. Y agregó: “Esta gente no llegó con los clasificados bajo el brazo sino que fue designada políticamente y ahora pide una doble indemnización que el mismo Gobierno anterior vetó cuando el Congreso aprobó la Ley”.
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Massa insistió en que se trata de una actitud “antiética” y “totalmente reprochable”: “Se quedan como okupas en el Estado y ahora piden una doble indemnización que su propio Gobierno vetó”. En Anses, por ejemplo, sólo se registraron cuatro renuncias y la nueva administración se vio obligada a recurrir a numerosos despidos, pagando la doble indemnización aprobada por el nuevo Gobierno. En PAMI habría unos 60 directivos que se resisten a abandonar sus cargos, a pesar de ser claramente personal político.
Desde el Ministerio de Transporte confirmaron que “este problema se repite en todas las empresas del Estado porque rige la ley de contrato laboral”. Luego explicaron: “Los funcionarios que no quieren renunciar son mayormente puestos gerenciales o de mayor jerarquía, principalmente directores, pero hay que tener en cuenta que cada empresa estatal tiene su propia forma de organización”. “Las nuevas administraciones de estas empresas trabajan lo más rápido posible para solucionarlo sin pagar la doble indemnización pero un problema grave es que al no dejar los cargos, estas personas entorpecen el funcionamiento de las empresas porque no firman los documentos necesarios para avanzar con los distintos proyectos y políticas, hay casos en los que ni siquiera asisten a trabajar y, además, no permiten nuevos nombramientos”, detallaron.
La semana pasada, Massa firmó junto con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner una resolución para terminar con las “capas geológicas” en el Congreso, limitando la contratación de personal para “terminar con la idea de que las plantas temporarias se transforman en permanentes”. La resolución establece que “las designaciones del personal de gabinete no gozarán de estabilidad y concluirán con la finalización del mandato de la autoridad que lo nombró”. Y añade que “el personal que actualmente se encuentre contratado como planta temporaria con funciones que no sean las establecidas en el marco del art. 49 de la Ley 24.600 será asignado a la planta personal de gabinete o a la planta temporaria del artículo antes citado conforme disponga la secretaria administrativa, en función de las necesidades de cada una de las áreas”.
En cuanto a esta nueva normativa para el Congreso, el Presidente de la Cámara de Diputados consideró que “los cambios que pretendemos en el reglamento del Congreso buscan que se termine con la especulaciones de que entre ‘gallos y medianoches’ se decide el futuro de millones de argentinos y argentinas”. En cuanto a los “okupas”, concluyó destacando la necesidad de terminar con “la idea de que las empresas del Estado se pueden manejar a gusto para hacer negocios”. Y anticipó que en la administración de Alberto Fernández el lema será: “Los que llegan con nosotros se van con nosotros”.
