El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cumplió este viernes con lo anunciado en una dura conferencia de prensa este jueves, tras los anuncios de mayores restricciones en el AMBA por parte del presidente Alberto Fernández en el marco de la segunda ola, incluyendo la suspensión de las clases presenciales.
Larreta anunció que irá a la Corte para garantizar las clases presenciales en la Ciudad
Aunque, tal como demandó Larreta, el gobierno nacional convocó a las autoridades porteñas a un encuentro, el jefe de Gobierno de la ciudad avanzó con la presentación de una demanda. La intención es que se declare inconstitucional el artículo 2 del DNU que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educaticas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, hasta el 30 de abril.
En su presentación, la Ciudad pide que se le ordene al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”.
En el Máximo Tribunal admiten por estas horas no está previsto un «trámite exprés» para tratar la presentación. Tampoco se descarta que se sumen, en las próximas horas, varios amparos de distintas escuelas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
La presentación del gobierno porteño sostiene que el decreto viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación.
Además, asegura que el DNU no es razonable ya que la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, y resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional. Por el contrario “está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo”. Y constituye una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021.
Se puso énfasis, además, en que la normativa cuestionada vulnera tratados internacionales de jerarquía constitucional (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 75, inc. 22 CN), que consagra el derecho del niño a la educación, como un derecho progresivo que debe ejercerse en condiciones de igualdad. En su inciso d, la Convención sostiene que los Estados Parte deberán: “Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”.
Y en ese sentido debe garantizarse la efectividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la educación y a la salud, amparados por las normas constitucionales y convencionales.
